«En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas». Los llamados papeles de Bárcenas, publicados por El País, no eran una falsificación. En la sentencia de la Audiencia Nacional queda meridianamente claro que en el seno del PP se había articulado un sistema predatorio que se nutría de aportaciones financieras a la organización y que era utilizado para campañas electorales o para abonar sobresueldos a los dirigentes. Este último aspecto siempre me ha dejado estupefacto. Es muy difícil encontrar un partido de la derecha europea que opere así. Durante el mandato presidencial de Rodríguez Zapatero, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, presidía el grupo parlamentario del PP. Venía a cobrar el equivalente a unos 7.000 euros de hoy. ¿No le bastaba para vivir a este señor –y a muchos de sus compañeros de la ejecutiva nacional – 7.000 euros netos al mes? ¿Necesitaba un sobresueldo? Rajoy y compañía –y la cosa no empezó con ellos– vampirizaban ferozmente a su propia organización política. Y lo hacían a espaldas de Hacienda y con un absoluto desprecio a sus afiliados, y a muchos dirigentes locales y cuadros del PP en todas las esquinas de España. Rajoy y compañía –en resumen– no trabajaban para el PP y su progreso político. Era el PP el que trabajaba para ellos y su progreso material.
Y sin embargo la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la contabilidad b del partido conservador –y el hedor vomitivo de todas las ramificaciones de la trama Gurtel– no afectan a un partido que llegó a pagar la remodelación de su sede central con dinero negro. Según la mayoría de las encuestas demoscópicas el PP ganaría ahora mismo –así sea por un margen más o menos estrecho– unas elecciones generales. Al PP, en realidad, las sentencias judiciales no le despeinan, y por eso Pablo Casado puedo permitirse callar, un silencio que es el gesto ligeramente cansado de un señorito al que le dicen que se le está quemando la casa. Será por casas. A quien le afecta esto es al sistema democrático, a la salud institucional del Estado democrático y de derecho. Pero no a los actuales responsables del PP. Ni a la gran mayoría de sus votantes. La tribalización que consume y falsifica la política ayuda a la derecha a pasar este trago desagradable, pero a buen seguro fugaz. Mejor que roben los míos. O como se gritó en Argentina durante muchos años: «Ladrón o no ladrón, queremos a Perón». En el peor de los casos se paga un brinco y se comienza a recitar los casos de corrupción del PSOE y en el mierdero resultante de réplicas y contrarréplicas la corrupción queda sepultada por las simpatías y antipatías ideológicas.
Existes razones estructurales para que la corrupción prospere en España sobre el cuerpo de una democracia encanijada. Y para que a menudo no sea castigada electoralmente. Víctor Lapuente las ha señalado reiteradamente: una burocracia cuya dirección se ha convertido en un botín electoral, con un número asombrosamente alto de responsables de las administraciones públicas nombrados por libre designación –véase entre muchos otros los casos de los secretarios generales técnicos o de los directores insulares en los cabildos– clientalizando espacios de naturaleza técnica en la gestión pública, un sistema electoral de listas cerradas, que impide al elector apartar al político sospechosa o abiertamente corrupto, y unos medios de comunicación en perpetua crisis que necesitan cada vez más respaldo político. Una administración pública más profesionalizada y sin intervencionismo partidista, la reforma electoral y la independencia de los medios son las únicas garantías de que la corrupción política no se termine institucionalizando entre la indiferencia de los que un día se creyeron ciudadanos.
