El desarrollo de Canarias es la historia de la concentración de grandes masas de población en un reducido espacio del territorio que ha producido el progresivo despoblamiento de otras áreas. Las dos grandes áreas metropolitanas de las dos islas capitalinas acumulan, por sí solas, más de la mitad de la población de toda Canarias. O sea, un disparate.
En el Archipiélago, el 80% de la población vive concentrada en el 20% del territorio. Y ese flagrante desequilibrio tiene efectos negativos que producen una progresiva centralización de recursos, inversiones y servicios que van en contra de la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos.
En Canarias, desgraciadamente, se ha instaurado un centralismo institucional y político parecido al que en muchas ocasiones se denuncia cuando se habla de Madrid. Los costos de la insularidad, que constituyen el pilar del argumentario de los canarios para defender políticas especiales adaptadas a la lejanía y la ultraperiferia, se convierten en costes de doble insularidad cuando se habla de las cinco islas no capitalinas. Para un 20% de la población de las islas la vida es mucho más cara, los servicios son mucho peores y las oportunidades son mucho más escasas.
La democracia y la autonomía no han logrado corregir esta situación. Las políticas de redistribución de la riqueza no han funcionado. La concentración de población consigue mucha más inversión, mejores servicios y más recursos. Y eso atrae más población, que a su vez demandará más servicios, más infraestructuras y mayores inversiones, que exigirán, a su vez, nuevas demandas de inversión. O sea, un círculo vicioso que nadie es capaz de romper.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa una idea apasionante. ¿Por qué todas las instituciones del Estado tienen que estar radicadas en Madrid? ¿Por qué no se produce una descentralización institucional de forma que otros lugares de España sean también sedes de organismos e instituciones del Estado?
Llevando esta propuesta a Canarias cabría preguntarse por qué casi todas las sedes de instituciones y organismos de la Comunidad Autónoma está solamente en dos islas excluyendo a las cinco restantes de cualquier protagonismo. Y esa pregunta es pertinente. Porque aunque lo produce el desarrollo son las sedes de empresas y las actividades económicas, el impulso de la presencia institucional en cinco islas que han sido abandonadas es una idea arrolladora.
La única manera de evitar el despoblamiento de las islas no capitalinas en Canarias y especialmente de La Palma, La Gomera y El Hierro, es discriminar en las políticas de inversiones y gasto público a favor de los menos favorecidos.
Estamos en el tiempo del crecimiento sostenible. ¿Es sostenible perpetuar la desigualdad? ¿Es inteligente seguir permitiendo la hipertrofia poblacional que concentra cada vez más gente en desarrollos urbanos insostenibles e insoportables?
Si queremos crear una comunidad responsable con el Medio Ambiente y sostenible en el futuro, debemos discutir el desequilibrio poblacional y económico que se ha creado en nuestro territorio. Hasta que no consigamos cohesionar la vida de todos los canarios, de forma tal que todos tengan los mismos derechos, oportunidades y servicios, estaremos condenando a la exclusión una parte de los ciudadanos.
