El conflicto del Sáhara Occidental, desde su inicio hasta la actualidad, constituye un ejemplo paradigmático de conculcación de la legalidad internacional.
El protectorado español
La colonización española del Sáhara se produjo en 1884, al establecerse un protectorado sobre la región. Poco después dio comienzo la Conferencia de Berlín, que concluyó en 1.895. En ella, las principales potencias europeas se repartieron el continente africano, en función de su capacidad de ejercer una posesión efectiva que permitiera el control de los territorios ocupados. En el reparto de África se reconoció a España la posesión del Sáhara, Guinea Ecuatorial y el norte de Marruecos.
Para tratar de eludir las iniciativas de la ONU sobre la concesión de independencia a las colonias, España creó la provincia del Sáhara español en enero de 1958 con la finalidad de aparentar que no era una colonia, sino una parte integrante del territorio nacional.
Pese a ello, el Sáhara Occidental fue incluido en el año 1963 en la lista de territorios no autónomos de NN.UU. al que era aplicable la resolución 1514 de la Asamblea General (AG) de 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los pueblos coloniales, lo que implicaba el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Este estatus jurídico internacional como colonia española fue ratificado en octubre de 1975 por el Tribunal de La Haya, que no apreció que existieran razones válidas para que la normativa de descolonización no se aplicase al Sáhara Occidental, rechazando la pretensión de Marruecos.
España, como potencia administradora del territorio, inició en 1974 los trámites para organizar un referéndum de autodeterminación, que no llegó a culminar.
La marcha verde
El 6 de noviembre de 1975 se produjo la invasión de la región por Marruecos, tras la denominada marcha verde, promovida por el rey Hasan II, en la que participaron unos 350.000 marroquíes. La ocupación fue condenada por el Consejo de Seguridad (CS) en la Resolución 377/1975. El 14 de noviembre de 1975 se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid que cedían la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, los cuales nunca fueron reconocidos por la ONU. Un dictamen del consejero jurídico de la ONU de 2002 consideró nulos los acuerdos, ya que España era un simple país administrador que no podía transferir una soberanía de la que no disponía. El reparto territorial derivó en un enfrentamiento armado con el Polisario, que firmó un acuerdo de paz con Mauritania el 10 de agosto de 1979. Sin embargo, Marruecos se apoderó a partir de esa fecha de la parte evacuada por Mauritania, a pesar de que la AG de la ONU condenó la apropiación en su Resolución 35/19 de 1980.
El plan de arreglo
El 30 de agosto de 1988, Marruecos y el Polisario dieron su asentimiento al plan de arreglo propuesto por mediación de la OUA y la ONU, bajo el mandato de Pérez de Cuéllar como SG, para celebrar un referéndum de libre determinación, a través de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que se desplegó en la región el 6 de septiembre de 1991, coincidiendo con un alto el fuego.
Según el plan mutuamente aceptado, la elaboración del censo de votantes debía realizarse considerando la población que vivía en la región en el momento de la retirada española, sobre la base del censo español de 1974.
El fracaso de los planes Baker
Las dificultades para que la comisión de identificación de votantes pudiera avanzar en su tarea motivaron la paralización del proceso, que tomó un nuevo impulso con la elección en diciembre de 1996 de Kofi Annan como SG de la ONU y la designación el año siguiente, como su enviado personal para el Sáhara Occidental, del antiguo Secretario de Estado norteamericano durante la presidencia de George Bush, James Baker, que organizó varias rondas de conversaciones entre las partes, con la colaboración de los países vecinos de Argelia y Mauritania, en calidad de observadores.
El prestigio y la gran influencia política del mediador permitieron el inicio de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos que culminaron en los acuerdos de Houston de 16 de septiembre de 1997, hechos públicos en el informe del SG de 24 de septiembre de 1997. En ellos, las partes se sometían nuevamente a la autoridad de la ONU para organizar un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui y convinieron un conjunto de medidas prácticas para la reanudación del proceso de identificación del censo, así como el código de conducta de la campaña para la consulta.
El censo electoral provisional fue elaborado por la comisión de identificación de votantes el 30 de diciembre de 1999 y comprendía unas 86.000 personas con derecho a voto. Sin embargo Marruecos a lo largo de los años 90 propició la emigración de más de 100.000 colonos a las principales ciudades de la región con objeto de engrosar el censo y presentó más de 130.000 apelaciones a la lista de votantes, lo que llevó una vez más a la paralización de la consulta. A partir de ese momento quedaron en evidencia las verdaderas razones de Marruecos para bloquear la celebración del referéndum de autodeterminación. Aunque había pactado en dos ocasiones con el Polisario un arreglo conforme al derecho internacional, ello era en realidad una táctica dilatoria para consolidar su presencia en la zona y controlarla militarmente, sabiendo que el tiempo corría a su favor.
Un conflicto político
A partir de ese momento, quedó definitivamente descartado que el conflicto pudiera resolverse según el derecho internacional, dado que la ONU nunca optó por residenciar jurídicamente el diferendo en el Capítulo VII de su Carta Fundacional, para hacer cumplir coactivamente las resoluciones del CS. El proceso se enmarcó desde el principio en el capítulo VI, que faculta al CS para instar a las partes a que arreglen pacíficamente sus controversias de manera negociada. Así las cosas, el diferendo se ha convertido en un conflicto político, tutelado por la ONU, cuya única solución es que las partes lleguen a un acuerdo, de imposible adopción hasta el momento, ante la incompatibilidad de sus posiciones. A pesar de la mediación de la ONU a través de sus distintos enviados especiales, el contencioso está bloqueado desde que en 2007 Marruecos presentara como única alternativa la discusión de un estatuto de autonomía, bajo soberanía marroquí, no aceptado por el Polisario que reclama un referéndum de autodeterminación, aferrándose a una legalidad internacional que el CS de la ONU nunca ha querido imponer.
El nuevo enviado especial
La designación del nuevo enviado especial, De Mistura, que tiene mucha experiencia como mediador en conflictos internacionales, podría ser útil para desbloquear el diálogo, pero no hay muchas razones para ser optimista, ya que el actor más determinante para cualquier arreglo es Argelia por su evidente influencia sobre los líderes del Polisario y la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos complica su colaboración. Lo que me parece más destacable de su nombramiento es que cuenta con el apoyo de EE. UU. y su perfil humanitario. Para mí, lo más preocupante siguen siendo las precarias condiciones humanitarias de los saharauis instalados en los campamentos de Tinduf.
Por otra parte, la ruptura del alto el fuego decretada por el Polisario en noviembre de 2020, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio por parte de Donald Trump en diciembre de ese año, la reciente anulación por el Tribunal General de la UE de los acuerdos agrícola y pesquero de la UE con Marruecos, excluyendo el Sáhara o la cronificación de la emergencia humanitaria de los refugiados saharauis, aunque sean acontecimientos relevantes, no creo que vayan a modificar los posicionamientos de las partes.
Por último, considero que el Gobierno de España no debería adoptar una posición pasiva. Tiene la obligación moral de implicarse, ayudando a desbloquear el diálogo, pudiendo aprovechar sus buenas relaciones con Argelia y que ha recuperado la interlocución con Marruecos para ayudar en la búsqueda de una solución, difícil, pero no imposible.
