Si una empresa se presenta a un concurso público de una obra o un servicio y lo gana no puede traspasar después la concesión. Sería un disparate crear un mercado de licitaciones públicas de segunda mano. Pero lo que no se le permite a las empresas o a los ciudadanos se lo permiten a sí mismos los gobernantes que tienen tasas abusivas de temporalidad en el trabajo –que sancionan en el mercado privado– o retrasos indecentes en el abono de facturas a proveedores. Para poder dar los millones en ayudas a empresas y autónomos, el Gobierno de Canarias tuvo que contratar a las Cámaras de Comercio para que gestionasen e informasen los expedientes de los peticionarios. Porque si lo hubiese hecho con la estructura del personal público, las ayudas no llegarían nunca. Cuando los propios gestores de la administración reconocen así de claro que esa administración no funciona es como para echarse las manos a la cabeza. En La Palma va a suceder tres cuartos de lo mismo. O se buscan fórmulas para esquivar, evitar, sortear o anular la burocracia de lo público, o los palmeros recibirán las ayudas demasiado tarde para que les sean útiles. Los políticos no hacen más que quejarse de la infame burocracia que padecemos. ¡Pero si la han creado ellos! Han elaborado tantas leyes, reglamentos, normas, cautelas, tutelas y tutías, que esto es una tortura china. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Excepto en la vida pública, donde parece que sólo basta con quejarse. Porque sarna con dieta no pica.
