Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca, ha revelado que las elevadas emisiones de dióxido de azufre del volcán palmero –se calcula alrededor de 40.000 toneladas ayer– indican que seguirá activo durante más tiempo del que se esperaba (más bien se deseaba) cuando se inició la erupción. Nadie se atreve a hacer un pronóstico de lo que puede llegar a durar la emergencia volcánica, pero algunos técnicos advierten -de momento de manera no oficial- que la crisis podría llegar a durar varios meses más. Este volcán tiene poco que ver con el Teneguía, y probablemente nos dé bastantes disgustos aún.
Afortunadamente, la lava que expulsa, a pesar de haber cubierto algunas de las islas de territorio que se habían salvado del desastre, circula preferentemente sobre las coladas anteriores, y eso reduce en parte el impacto del daño. La superficie arrasada por la lava es de cerca de 900 hectáreas, con una anchura máxima próxima a los tres kilómetros. Y aunque hay bastante diferencia entre los datos del catastro y los del satélite Copérnico, los más optimistas señalan que hay casi 1.300 edificaciones afectadas, de las que poco más de mil tenían un uso residencial.
Afortunadamente, las familias que han perdido su única vivienda no llegan a las doscientas.
En cualquier caso, el panorama que dibuja una prolongación de la actual situación de alarma es para asustarse. Los cien millones previstos en el proyecto de los presupuestos 2022 –sujetos según el Gobierno a posibles ampliaciones– se antojan una cantidad ridícula para mantener los servicios extraordinarios puestos en marcha para paliar los efectos de la catástrofe, atender las necesidades de alojamiento de las familias que no tiene dónde vivir y hacer frente al rescate de la economía palmera.
Quizá resulte agorero decirlo –y por eso no lo dice nadie–, pero habría que ir pensando que el impacto a medio y largo plazo de esta emergencia va a ser inafrontable para la isla. Una isla que –de todas las del archipiélago– es la que tiene de partida, al margen de las consecuencias de la erupción, mayores dificultades para sostener a una población muy envejecida, con una economía basada fundamentalmente en el empleo público y con una agricultura que sobrevive gracias a las subvenciones europeas. La Palma es, por desgracia para sus habitantes, una isla envejecida y mantenida.
A veces, las soluciones más sencillas son más eficientes que las más complicadas, y además se entienden mejor. Si esta situación se prolonga, una respuesta eficaz, solidaria y más sencilla que el catálogo creciente de medidas propuestas sería la de ofrecer a todos los mayores de cincuenta años de los municipios afectados por la crisis volcánica, o a aquellos que pierdan sus trabajos en toda la isla, la opción de una jubilación anticipada. No estamos hablando de una sobrecarga extraordinaria para lo que supone en su conjunto nacional el déficit del sistema de pensiones, pero una medida de ese tipo –demostración efectiva de la solidaridad de todos los españoles con una población que ha visto su territorio y su economía devastadas– supondría mantener abierta para los palmeros más jóvenes las posibilidades de un mercado de trabajo que la crisis del volcán va a empequeñecer aún más, y evitar que cientos de personas acaben abandonando la isla.
No se trata de fiar a una sola medida la solución de los problemas históricos de La Palma: se trata de hacer cuentas, reducir burocracias y buscar alternativas que realmente aporten soluciones viables, más allá de la lluvia fina de propuestas parciales y más o menos propagandísticas, con las que se bombardea inútilmente y día tras día, a una población agotada y cada vez con menos motivos para la esperanza.
