El Congreso de los Diputados de España aprobó una Ley Orgánica, la 1/2018, de 5 de noviembre, que el Gobierno de este país se pasa por el forro de los pantalones cada vez que quiere. Un artículo de esa ley, el 166. 3. del Estatuto de Autonomía de Canarias dice textualmente: “Los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias (…) “ estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Cuando se habla de lo que los Presupuestos Generales del Estado dedican a Canarias no se pueden mezclar pencas con plátanos. Una cosa es el dinero que se destina a compensar la lejanía, la insularidad y los sobrecostos de Canarias, que vienen determinados por la Ley del REF, y otra lo que se dirige a financiar los servicios públicos y las inversiones en Canarias, como a cualquier otra Comunidad de España. Sumar las dos cosas es hacer trampa. Es engañar a los canarios. Si lo dicen en Madrid es por puro cinismo o ignorancia. Y si lo dice un canario es que es un tonto.
Los PGE del año próximo destinan 21.434 millones en inversiones directas, de los que a Canarias solo le tocan 362 millones. O sea, una mierdecilla. Hay quienes para disimular esa penosa realidad afirman animosamente que en realidad a Canarias vienen setecientos millones de euros, que son las inversiones que dedican a las islas los presupuestos. Pero en esa cifra se incluyen fondos del REF. O sea, un dinero que no debe contemplarse como financiación ordinaria, sino excepcional, porque se dedica a compensar el maldito hecho insular. Es decir que no se deberían contar como financiación “ordinaria” los cuatrocientos millones de carreteras o la subvención a la producción de energía eléctrica o las subvenciones al transporte aéreo o marítimo o las bonificaciones a la inversión, entre otros muchos conceptos.
Y si quitamos todo lo que es REF la gallina se queda sin plumas. Lo que viene es escandalosamente poco. Ni buen punto de partida ni leche machanga. Pero hacen trampas y mezclan churras y merinas, sumándolo todo para que parezca mucho más.
No se equivoquen: si se suma todo el dinero que llega de Madrid a las islas (en servicios públicos, en inversiones y en transferencias) se acerca a los siete mil millones. Porque, como el resto de comunidades — bueno, más— vivimos de las ubres del Estado. Es así y más vale reconocerlo. Pero no se puede mezclar el dinero que viene obligado por el REF con la financiación ordinaria del Estado. Que cambien las leyes. Y si no, que le tomen en pelo a sus señores protegitores, progenitoras o progenitoros de Osborne.
