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Francisco Pomares

Mendacidades y omertá

Román Rodríguez se ha despachado estos días con una encendida defensa del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, asegurando, entre otras cosas, que el pago de la deuda de carreteras (obligado por la sentencia del Supremo) y el cumplimiento del REF, son dos buenas noticias que cubren las demandas planteadas por el Gobierno de Canarias. Se trata, viniendo de un líder nacionalista que lleva años protestando por la posición en que suele quedar Canarias en los presupuestos nacionales, de una reflexión sorprendente: tanto, que ayer ya provocó la reacción de Casimiro Curbelo, manifestando su decepción con el reparto de las cuentas nacionales. Y no es para menos: los presupuestos vuelven a incumplir en REF en la distribución de las inversiones, que no sólo no se sitúan en la media nacional –tal y como establece el fuero fiscal canario– sino que además bajan del 2,9 por ciento del total de las inversiones regionalizadas el año pasado, al 2,8 este año. Eso sitúa a Canarias como penúltima región por la cola en la distribución por habitante de los recursos del Estado, algo que un nacionalista debería denunciar, digo yo.

Rodríguez no lo hace, se limita a recordar que aún está pendiente de resolverse el sistema de financiación. Largo lo fía: no hay ninguna garantía de que ese asunto, que requiere de cierto consenso entre las regiones y entre ellas y el Estado, se resuelva en una legislatura que si se ha caracterizado por algo en la asignación de los recursos estatales (probablemente ocurra lo mismo con los europeos) es por la descarada apuesta del Gobierno de Sánchez por invertir en las regiones gobernadas por sus aliados.

Esa apuesta es tan obvia y evidente que el proyecto de presupuestos favorece sin tapujos a Cataluña, Valencia y País Vasco, en detrimento no solo de las regiones gobernadas por el PP (el caso de Madrid es paradigmático, es la región que más baja en términos porcentuales y absolutos en inversión territorializada), también en las regiones gobernadas por el PSOE, como Canarias.

Frente a esa situación, el Gobierno regional recurre a un discurso mendaz: afirma que estas cuentas son las mejores de la historia autonómica de Canarias, y cumplen con el REF si se suman las inversiones y las transferencias. Pero eso sólo ocurre si en Canarias se suman inversiones territorializadas y transferencias, y en el resto de las regiones solo inversiones. Es como si calculáramos la media salarial bruta regional y la comparamos con la media salarial neta de toda España. Podríamos decir que nuestros sueldos son mejores que los de la media. Y ya saben que de eso nada.

Esta forma de presentar las cuentas hace que el Gobierno asegure que recibimos más de 400 euros de inversión por habitante frente a los casi 300 de inversión media nacional. Por sumar, suman es esa cuenta hasta los 200 millones que le ingresan este año al Gobierno por la sentencia de carreteras… y a final de año, cuando toque hacer la suma fina, meterán también el dinero de las ayudas a La Palma. Verán que sí.

En política la prestidigitación con los datos no suele dar buenos resultados: sirve para ocultar la escasa capacidad negociadora de una administración, o el sometimiento a las consignas partidarias, pero a la larga, los hechos se imponen a las presentaciones propagandísticas. 2022 va a ser otro año perdido para la reconstrucción de la región española más castigada por la crisis, con una de sus islas –La Palma– devastada por una catástrofe que de momento ha dado para mucha literatura, muchas visitas, muchas promesas y mucha televisión. Pero en materia de hechos, la administración regional solo ha comprado 18 casas y alquilado dos desoladoras con bastante uso, a la multinacional Cobra. No es mucho. En los presupuestos 2022 no hay ninguna referencia a La Palma, por cierto. Y en 2023 vendrá el momento de los grandes ajustes.

Mientras, aquí se guarda un silencio ominoso que a veces recuerda la omertá.

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