El Archipiélago canario es una región singular enclavada en el Atlántico, puerta natural y plataforma logística hacia tres continentes. Y singular es su comandante-capitán general, figura señera en el siglo XIX. En los albores del siglo aunaba las función gubernativa, asociada a la presidencia de la Audiencia; la económica, unida a las rentas; la de justicia, centrada en la militar, y la de guerra. «Unión de mandos» que se alterará en un largo proceso durante el siglo XIX. La función guerra tenía por misión «la defensa y guarda de las Islas». Sus pilares, ante la ausencia de medios navales, eran las milicias, las fortificaciones y la artillería. Las primeras de carácter cívico-militar y un único batallón permanente. Las fortificaciones y la artillería protegían zonas clave próximas a algunas capitales principales.
La Junta Suprema, surgida tras la crisis en 1808, monopolizó las funciones civiles, reemplazó al general Cagigal por O´Donnell y ocasionó la primera ruptura de la unión de mandos. El comandante general, no obstante, recuperará esa unión a mitad de 1809 y presidirá la junta provincial (1811), antecedente de la Diputación. La vocación regional de la Suprema, disuelta en 1809, naufragó por la oposición de la Audiencia y Gran Canaria que alumbró el pleito insular.
El general La Buria, jefe político interino, había relevado, en 1811, al Duque del Parque, quien puso la primera piedra en el puerto de Las Palmas, y convocado en Santa Cruz la junta preparatoria –prevista en una instrucción (1812) para las elecciones- mientras se discutía su sede. Política de hechos consumados que prefiguraba la sede de la capital. El nuevo régimen liberal tendría consecuencias en Canarias. La provincia significaba la aparición de una capital y la uniformidad liberal, la pérdida de los «privilegios canarios». La diputación (1812) municipalizará los cabildos, que no reaparecerán hasta 1912 y, para el jefe militar, la llegada del Intendente (1812) y del Jefe Político (1813) supondrá la pérdida de las funciones gobierno y económica. Nuevos impuestos, una plaga, ratificaban la pérdida de la fiscalidad isleña. Mientras, La Buria informaba a sus superiores que contaba con un solo batallón y solicitaba algún barco para frenar las frecuentes incursiones piratas.
Con el regreso del rey (1814) el mando militar recuperó todas las funciones, excepto la económica, perdida definitivamente. El establecimiento de organismos relevantes en Tenerife entre 1817-19 (la Comandancia de marina, la Universidad y el Obispado) inclinará la capitalidad hacia la isla del Teide. Deslizamiento acentuado y concluido al declararse Santa Cruz capital provisional (1822) y definitiva (1833). Con el pronunciamiento de 1820 reaparece el sistema liberal, vuelven las milicias y el jefe militar pierde la función gubernativa. El general Ordovás (1820-23) ostenta el mando militar y su concurso es requerido para la «composición» del muelle de Santa Cruz. La reacción absolutista canceló este ensayo liberal y la autoridad militar recobró la jefatura civil. Iriarte (1823-27) disolvió las milicias e impuso, con poco éxito, los voluntarios realistas. Fue el único brigadier al frente de la capitanía en la centuria y jefe del regimiento Soria, hoy de guarnición en Canarias, cuyos soldados fueron inmortalizados por Velázquez (Las Lanzas). Le sucedió, bien acogido en Canaria, Morales (1827-34), fervor que se enfriaría hasta causar su deportación y la de su yerno, Ruperto Delgado, primer gobernador militar de Canaria (1829). Reanudó las paralizadas obras en el muelle de Las Palmas y promovió la 3ª red de abastecimiento de agua a Santa Cruz, una de cuyas fuentes aún funciona en El Cabo. El asunto de la capitalidad mermó su agrietado prestigio al estimar los grancanarios que había favorecido la elección. Morales no pudo ser profeta en su tierra.
La etapa 1834-1874 está singularizada por las guerras carlistas, las revoluciones y las juntas, que, en Canarias, réplicas de las peninsulares, serán el instrumento grancanario para independizarse de Tenerife. Las juntas causaron la salida de los generales Moreno (1836 y 1840); Carbó (1843); Ortega (1854) y Talledo (1868). Todos presidentes de juntas, excepto Talledo.
Marrón (1834-36), último presidente de la Audiencia (1834), promovió la creación de una escuela normal para formar a los maestros, iniciativa pionera frustrada. El general Manuel Pereyra (1836-40), jefatura civil, firmó unas instrucciones que defendían la separación civil y militar y apoyaba la defensa de la fiscalidad isleña. El general Carbó (1842-43) sobrellevó mal tres juntas en Canarias (1843) y fugazmente presidió dos (Santa Cruz y La Laguna).
Con los moderados, nueva disolución de las milicias, no en Canarias, y comienza la presencia de un batallón peninsular en la región. La guardia civil (1844) no aparecerá hasta 1898. Los generales Salcedo (1844), Ezpeleta (1848) y Laviña (1852) desaconsejaron su presencia basándose, principalmente, en la situación de calma regional. Por entonces, (1847) Ulibarri inspeccionó las defensas, verificó su deterioro y pidió refuerzos y barcos.
Tiempos difíciles en Canarias al doblar la mitad del siglo (hambruna y cólera), pero comienzan a fluir buenas noticias. Los puertos francos (1852) abrían las Islas al comercio y al progreso. Este año se activa la división provincial con los generales Ordóñez, Calonge, Laviña y Ortega como gobernadores (mando político). Laviña, tras fracasar su proyecto de erigir el edificio de la capitanía en la plaza del Príncipe, se trasladó al palacio de La Carta. Antecedente de la división fue la subdelegación en Gran Canaria (1847) y La Palma (1848), ambas efímeras, y su continuación, la división de 1858 (Tenaquero y Ametller ejercen el mando político). La provincia grancanaria deberá esperar a 1927.
La Unión Liberal abre una nueva fase. El general Tenaquero (1856-58), en carta a Narváez, califica a las Islas de joya de España y advierte, encarnando a Casandra, que «lo que no ha sucedido en treinta años puede suceder en 30´ en tiempos y siglo del vapor». Ametller (1858-61) marcará un punto de inflexión en el mando civil. Facilitó el ensanche de Las Palmas al autorizar el derribo de la muralla entre la puerta de Triana (antigua)-torre de Santa Ana. Ravenet, su 2º cabo y gobernador civil, finalizó la plaza del Príncipe y amplió la de la Candelaria (Santa Cruz). La paz de Wad Ras (1860) reconoció el derecho a la ocupación de Santa Cruz de Mar Pequeña, cuya situación se fijaría en tiempos de Weyler. El general Del Real (1866-68) también cruza cartas con Narváez y pide un barco para desplazarse a cualquier isla y como disuasión para los deportados por el temor a ser embarcados a Fernando Póo.
La fiebre reaparece durante el mando del general Riquelme (1863-65) que intenta articular las milicias en medias brigadas. Alarma en 1865-66 por la amenaza de incursiones de corsarios peruanos y chilenos que forzó la revisión de las defensas por De la Bárcena (1865), y reveló su deterioro. 1866 es un año crítico en la Península por los intentos de derrocar a la monarquía que culminarían en 1868, estando el general Vicente Talledo en la capitanía. Este intentaría, sin éxito, reconducir la agitación creada por la revolución en la jornada de El Cabo. En 1873, la proclamación de la República es saludada por Villalba Hervás, luego gobernador civil: «literalmente nos acostamos monárquicos y nos levantamos republicanos».
Villalba chocaría con el general Palanca (1872-73) con ocasión de los subestados canarios en la República federal, incidente que acabaría con la salida de ambos de sus cargos. Palanca también informó de la precariedad de las defensas, de las que, en Tenerife, solo salvaba el fuerte de Almeyda. La clausura, por Pavía, de la República federal (1874) preparó la vía a la Restauración, recibida por el general Salazar (1874-76), mando político (estado excepcional), quien es saludado, en la diputación, como símbolo del afianzamiento del buen orden. El Ejército estaba girando de garante del sistema liberal a elemento contrarrevolucionario.
El fin de las guerras carlista, cubana y cantonal permitió la vuelta a la normalidad institucional. El general Sandoval (1876-77) organizó la guardia provincial, alternativa a la guardia civil, y disolvió 17 unidades artilleras por inservibles. Weyler (1879-83) dejó un notable legado (palacio de capitanía y gobierno militar, entre otras realizaciones).
Brote de cólera, sur peninsular, en los mandos de Chinchilla (1884-85) y Carbó (1885-87). Ambos tuvieron fricciones con las autoridades por no respetar las medidas sanitarias, superadas por el apoyo popular al casi simultáneo incidente de las Carolinas, que motivó mejoras en el artillado de Las Palmas y Santa Cruz, que solo tuvo efecto en Almeyda. La muerte del rey (1885) motivó el estado de excepción, de corta duración, durante el cual Carbó recuperó el mando político.
La creación del Ejército territorial canario (1886) anunciaba el final de las milicias. El general Morales (1887) secundó la iniciativa, frustrada, de situar en Canarias una unidad para aclimatar a los destinados a las Antillas y envió una carta a su ministro en la que reseña debilidad en los lazos de las Islas con la Península. La prensa grancanaria publicó una carta abierta al general Cuenca (1890-91), en la que resaltaba la indefensión de la isla redonda, llamada de atención que logró la declaración de plaza de salvas para Las Palmas. El general Pinto (1891-93) propuso la defensa integral de las islas articulando regimientos en una brigada.
Durante el mando del general Girón (1893-94) se cedió a Santa Cruz el cañón Tigre, al que la leyenda atribuye el disparo que arrancó el brazo de Nelson en 1797. La reanudación de la guerra de Cuba obligó al general Macías (1894-96) a organizar un batallón expedicionario integrado por unidades de Baleares (4) y Canarias (2) que partió en noviembre. También planteó, como sus predecesores, transformar los batallones en regimientos y mejorar las defensas. La crisis en 1898 fue afrontada por el general Montero (1897-98). En esta ocasión, la amenaza abrió la caja de Pandora y cortó las dilaciones en defensa, y el esfuerzo realizado no tuvo necesidad de su puesta a prueba por la firma del protocolo de Washington (12 de agosto).
Los generales Delgado, Bargés y Galdós afrontaron el posconflicto ultramarino en los dos años siguientes porque la incertidumbre no desaparecía. El estado de excepción impuesto por Montero (mayo 98) fue alzado en febrero de 1899. Y los dos últimos presentaron planes de defensa. Galdós, en el suyo, estimó que se exageraba la presencia británica. La presencia era real y sorprende que hubiera sido vaticinada por Nava Griñón en el lejano primer tercio.
Expira el siglo y el general ya no ejerce el oficio mixto, si bien retiene residuos de la función gubernativa como garante de la seguridad. Rebasado el primer tercio, mantiene las que tenía en su inicio, excepto la económica. Entre 1834-59 ejerce la función gubernativa de forma intermitente y desde 1859, excepcionalmente. Otra pauta apreciable es, a diferencia de la diputación, la continuidad y estabilidad de la capitanía en los vaivenes políticos. Y una tercera, el paso, a partir de 1859, del capítulo de obras públicas al gobernador civil, distribuidor de los recursos.
Ese ciclo evolutivo ha sido lento y los vaivenes de las funciones representan el mito de Procusto. El liberalismo las recorta y el absolutismo las alarga. La gobernación superior, como la económica, era un recuerdo lejano, pero retenía peso político. En síntesis, el capitán-comandante general de las Islas en el siglo es una figura señera, con luces y sombras como todo perfil humano, clave de bóveda de su administración, responsable de su seguridad y parte de su acervo histórico-cultural.
