Las prisas son las peores consejeras. Pero a veces el vértigo de las cosas es inevitable. La Palma es una isla con forma de corazón y el volcán que ruge y expulsa ríos de lava ha hecho que el pulso del país esté latiendo acompasado al ritmo de las imágenes espectaculares de una catástrofe natural. Los gobiernos se han lanzado, como es su deber, a la tarea de proteger de la vida de las personas. Pero, además, se han anunciado, precipitadamente, millones y millones en programas de reconstrucción y de ayudas para aquellas familias que han perdido sus casas y sus bienes.
Lo malo de las promesas es que luego hay que cumplirlas. Los propietarios de viviendas sepultadas bajo la lava acaban de enterarse que, para quienes no las tenían aseguradas, la indemnización prevista en este país por la pérdida de tu vivienda es de poco más de quince mil euros. Ese es el precio que determinan las leyes de un Estado que, sin embargo, a la hora de calcular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles te saca los ojos poniendo el valor catastral de tu casa por las nubes. A la hora de pagarles el precio es máximo, a la hora de que te paguen el precio es mínimo.
El Gobierno de Canarias se enfrenta, además, a una situación perversa. Por un lado tiene que conseguir canalizar hacia La Palma millones en ayudas para la reconstrucción. Lo que se va a gastar en carreteras, conducciones de agua o infraestructuras públicas nadie lo va a discutir. Pero cuando se trata de compensar a particulares el asunto se vuelve tan vidrioso como la lava en contacto con el mar.
¿Se va a entender que se compren cuatrocientas o quinientas o mil viviendas públicas en la Isla para alojar a familias que han perdido sus casas bajo la lava? Por supuesto que es una tragedia. Nadie lo discute. Pero hay otras muchas familias, muy necesitadas —más de dieciséis mil— que está en lista de espera en Canarias, desde hace años y años, esperando por un techo. Miles de familias a las que se les ha prometido, por el consejero Sebastián Franquis, la construcción urgente de viviendas en una Comunidad que lleva más de una década sin hacer su tarea.
¿Cómo se va a justificar que la celeridad y los recursos que se han puesto a disposición de La Palma no se hayan aplicado con la misma diligencia para ayudar a los más vulnerables y los más necesitados de estas islas? Ya se los adelanto, va a ser muy difícil. La pobreza ha causado en Canarias muchos más daños que la lava, aunque no haya tenido tantas horas de televisión. Es la hora de las contradicciones. Y algunos están saliendo fatal en la foto.
Meterle mano a los alquileres
El Gobierno bipolar de España ha anunciado una nueva Ley de Vivienda para el próximo año. Un híbrido entre lo que querría Podemos y lo que acepta el PSOE. Un ‘mix’ entre abolir la propiedad privada e intervenir los precios del alquiler. No hay que llevarse las manos a la cabeza porque muchos países europeos ya han hecho cosas parecidas. Hollande, en Francia, aprobó la Ley ALUR que la Justicia se cargó en 2017 creando un caos. Alemania lleva un cuarto de siglo con precios regulados y en Suecia también se controla el precio del mercado. ¿Cuál es el problema? Que esas medidas no han funcionado. En Berlín, hace muy poco, fue noticia internacional la imagen de 1.800 ciudadanos haciendo cola para alquilar un apartamento de 56 metros cuadrados por 550 euros al mes. La única gran capital europea sin tensiones en el mercado de la vivienda es Viena, porque en Austria llevan más de un siglo construyendo viviendas públicas accesibles para los ciudadanos (y el Estado, encima, ingresa dinero por ese concepto, que destina a construir más viviendas). Cualquiera lo entiende. Si hay muchas papas en el mercado baja el precio. Si hay muy pocas, se dispara. Eso, que es tan esencial sigue sin entenderse en España. El Estado quiere castigar a los propietarios de viviendas vacías, a los que tienen muchas, a los que no quieren alquilar… Cualquier cosa, menos hacer lo que tiene que hacer que es construir casas baratas.
