Reforma de la administración autonómica: el olvido que seremos. La ley que ordena, organiza y regula la administración de la Comunidad autonómica es de 1987. Primer gobierno de la Autonomía, presidido por Jerónimo Saavedra. Por supuesto que se han producido agregados y algunas modificaciones, pero lo cierto es que la administración pública autonómica se rige por una norma de 1987. En cerca de 35 años se han producido un conjunto de cambios legislativos y reglamentarios, políticos e institucionales, técnico-administrativos y tecnológicos realmente impresionantes, y a medida que pasaba el tiempo, y sin desmerecer personalidades y equipos de funcionarios solventes y muy profesionalizados, la calidad de la administración autonómica, obviamente, empeoraba. Cualquier reforma económica, social, urbanística o medioambiental demanda previamente la articulación e impulso para una administración pública más ágil, más eficaz y eficiente, más rápida y proactiva y que, por supuesto, no sea tratada como botín electoral por los partidos que gobiernen. La auténtica voluntad reformista de los dirigentes políticos isleños comienza a ser inverosímil cuando la reforma del sistema administrativo no figura entre sus prioridades básicas. En el fondo (y sin escarbar demasiado) está el temor de los partidos y sus líderes al misoneísmo de los funcionarios –son más sesenta mil votos, sin contar con los de familiares y allegados – y de los sindicatos, cuyas preces y liturgias solo conservan cierto poder e influencia, precisamente, en las administraciones públicas. Algún lenguaraz diría que la mayor parte de los funcionarios públicos y todas las organizaciones sindicales militan contra cualquier reforma de la administración, algo que un servidor no escribiría jamás.
El olímpico y batatero desprecio a la defensa militar y a la posición geoestratégica de Canarias. Pregúntenle a cualquier diputado del Parlamento de Canarias –por poner un ejemplo –cuántos soldados de las Fuerzas Armadas españolas defienden el territorio de Canarias. Apostaría lo que llevara encima (poco) que ninguno daría una respuesta siquiera aproximadamente correcta. En la esfera pública a nadie, a absolutamente nadie parecen interesar la defensa militar de Canarias, algo tan asombrosamente estúpido que linda con lo increíble. Esta oligofrenia universal está alimentada por la falta de conflictos militares graves en la zona desde hace más de medio siglo. Recuerdo perfectamente (porque también estuve ahí, desgañitándome) las manifestaciones contra la adhesión de España (y Canarias) a la OTAN en 1984, 985, 1986. Nos manifestábamos –lo escuchábamos a genios tutelares mientras la lluvia nos erizaba el cogote en Los Rodeos– porque la entrada en la OTAN significaría, lisa y llanamente, la militarización de las islas. Actualmente entre mandos, oficiales y tropa se contabilizar poco más de 6.500 profesionales, a los que hay que sumar alrededor de otras 2.000 personas de personal civil. Aquí viven más de 2.200.000 ciudadanos, con lo que la militarización de las islas se antoja una ligera exageración. Es un poco cómico leer en la prensa local que la implantación del Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre en Canarias –también opera en Valencia y en Ceuta y Melilla– «no son más que una muestra más de ese influyente papel de las islas en la estructura militar española y de la sus aliados». Canarias apenas tiene estructura militar para defenderse a sí misma, ni desde un punto de vista aéreo ni desde un punto de vista naval. Marruecos y Argelia, en cambio, son países que han modernizado sus fuerzas armadas en la última década (carros de combate, caza bombarderos, fragatas). El expansionismo marroquí no se saciará con el control del Sáhara y seguirá presionando y rearmándose en años venideros. No es irreal ni melodramático el escenario de un conflicto futuro. Pero es un asunto del que no se habla jamás en el debate político. Avestrucismo puro y duro.
