Malo para un ratón, cuando tiene el cogote atrapado por la trampa de resorte y el queso a dos centímetros de la nariz. Algo así le debe estar pasando al ministro de Inseguridad Social, José Luis Escrivá, que suele decir en público cosas obvias, pero muy peligrosas. Ahora ha soltado que no estaría mal que los españoles trabajaran hasta los 75 años, que es lo que se está haciendo en esa Europa de la que nosotros somos la anomalía.
Los sindicatos, Pepe Alvarez, de UGT y Unai Sordo —que a pesar de su apellido no se pierde una fiesta— de Comisiones, han tardado menos de lo que tarda en desdecirse el presidente Pedro en saltarle al cuello. Le han llamado de todo menos bonito. Ya estaban cabreados por el cambio en las reglas de juego de los ERTE y por la “mierda” de subida del salario mínimo.
Resulta tentador meterse con un Estado tahúr que cambia las reglas de juego a mitad del partido. No es la primera vez que lo hace. Pero esta vez lo tienen crudo. A ver quién le dice a una persona que lleva cuarenta años cotizando que va a tener que trabajar diez años más para que le devuelvan lo que ha estado metiendo la caja.
El problema es que España toda es un pufo. Tenemos una deuda pública impagable, unos gastos públicos insostenibles, una administración que no podemos pagar, unos ingresos fiscales insuficientes y un mercado laboral en estado de coma. ¿Quién da más? No hay forma humana de arreglar el sistema piramidal de las pensiones, que hoy tiene un agujero anual por encima de los 18 mil millones. Los salarios son cada vez más bajos. Y los hijos del “baby boom “ empiezan a jubilarse por decenas de miles.
Necesitan que haya menos gasto en pensiones. Alargando diez años la vida laboral palmarían muchos con derecho a cobrar una prestación. De ahí que lo estén pensando en serio. Porque como le pasa a las empresas en suspensión de pagos, España tiene que conseguir aplazar los vencimientos.
Se ha dicho, desde hace ya muchos años, que el sistema de pensiones no se sostiene. Que es imposible mantener un tinglado de 130 mil millones al año que no hace más que crecer. Que dieciséis millones de trabajadores en el sector privado, mal pagados y con empleos precarios o temporales, no pueden mantener a casi diez millones de pensionistas, tres millones y pico de parados y cuatro millones de empleados públicos, cargos políticos, liberados sindicales, partidos e instituciones. La recaudación fiscal en España va siempre por detrás del nivel de gasto público. En el tanque entra menos agua de la que sale por eso estamos enchufados a Europa. Pero habrá que pagarlo muy caro.
Solo actualizar las pensiones y el salario de los empleados públicos supondrá este año más de cinco mil millones. Los ERTEs nos han hecho un descosido: hasta marzo de este año se habían desembolsado más de 17.000 millones: menos de lo que habría costado el paro, pero un palo. Estamos sobreviviendo gracias a la deuda y a los préstamos de Europa. Pero Escrivá sabe que esa situación no durará eternamente. De ahí que diga la cruda verdad: lo mejor es que sigamos trabajando hasta los ochenta y a ver si por el camino la vamos palmando. Todo por la patria.
Daños permanentes
No existe posibilidad de prever qué hará el volcán de La Palma. Los científicos solo pueden hacer un seguimiento en tiempo real de su evolución, medir el estado del aire para avisar de la posibilidad de contaminación por sustancias nocivas y establecer las trayectorias más probables de las coladas. Pero sí hay una certeza: si la actividad del volcán sigue durante mucho tiempo, no solo se habrá destruido lo que está debajo de la lava, sino la isla entera. El desplome del turismo y las pérdidas ocasionadas en los cultivos del plátano — los afectados por los ríos de magma y por la ceniza— van a causar importantes daños. Las exenciones fiscales aprobadas por el Gobierno de Canarias y los 10,5 millones aprobadas por el Gobierno central, son medidas estupendas, pero ridículamente escasas. Hay que valorar los daños causados en las infraestructuras públicas y en las propiedades privadas perdidas para siempre. Pero además, hay que calcular que si la vida del volcán se extiende, la salud económica de La Palma se compromete. Las previsiones para la isla tienen que contemplar las pérdidas patrimoniales, pero también los daños que se van a producir en su riqueza por la pérdida de ingresos. Y si se quiere que todo esté preparado y que la población no lo pase fatal, hay que organizar las compensaciones y ayudas desde ahora mismo. “Lo público responde cuando pasan cosas como esta”, dijo el ministro Bolaños. Estupendo. Estamos esperando.
