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Alfonso González Jerez

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Alfonso González Jerez

Un plan inteligente y consensuado

Anuncian que mañana el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica para (toda) la isla de San Miguel de La Palma y un plan supercalifragilisticoespialidoso de inversiones y ayudas que cubrirá el alfa y omega del territorio: vivienda, transportes, agricultura, comercios, educación, paisaje, carreteras. El concepto general –no sé si les sonará a ustedes– es que ningún palmero se quede atrás y que la isla se recupere en todo su esplendor. Ya da un poco de grima. Lo más curioso de todo es que ese mismo Gobierno mesiánico (y las fuerzas políticas que lo integran y apoyan) habían decidido previamente dar una puñalada a la economía palmera con el rechazo a una reforma del proyecto de ley de Cadena Alimentaria para no destruir la viabilidad comercial del plátano canario. Yo me armaría de cierta desconfianza hacia alguien que después de romperme el cuello me ayuda generosamente a cruzar la calle. Aunque las perras siempre sean bienvenidas.

La ley de Cadena Alimentaria significará para el plátano canario perder entre el 25% y el 30% de cuota de mercado, con el impacto directo en las 15.000 familias isleñas (más de 4.000 en La Palma) que viven directamente del cultivo de la fruta. Es la ruina inapelable del sector a medio plazo. Pese a que el Parlamento de Canarias aprobó una PNL por unanimidad para exceptuar al plátano, que puede acogerse al artículo 349 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las Cortes el PSOE ha hecho caso omiso. Hoy martes Pedro Sánchez y sus ministros pueden firmar transferencias y créditos por valor de varias decenas de millones de euros y mañana miércoles el PSOE puede acabar con su voto con el cultivo del plátano en Canarias antes de un lustro. Nadie discute la posición honesta, diligente y responsable del presidente Ángel Víctor Torres instalándose en La Palma durante la crisis volcánica, pero precisamente esta espantosa coyuntura debería haber reforzado la determinación de trasladarse o enviar a la consejera de Agricultura y Alimentación a Madrid para evitar un mazazo económico aniquilante para La Palma. Porque ni una erosión volcánica ha modificado la actitud de los grupos socialistas en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Más allá incluso de una crisis del plátano que parece irreparable y final cualquier plan de reactivación económica de La Palma debe considerar las peculiaridades de la isla y su situación en el contexto canario. La Palma es un territorio económicamente estancado desde hace muchos años que se desliza sin prisas pero sin pausas hacia una decadencia interminable y contemplativa. Las empresas palmeras –fundamentalmente las agrícolas– solo aportan el 3,5% del PIB de Canarias y el 90% son microempresas con menos de cinco trabajadores. La edad de su población es superior a la edad media del país y su tasa de natalidad la menor. Tal vez sería más inteligente atender a las necesidades más imperiosas a través de ayudas –vivienda, sustento, escolaridad, dependientes desalojados, infraestructuras dañadas- y diseñar conjuntamente entre el Gobierno central, el Gobierno autonómico y el Cabildo Insular un plan de inversiones urgente que se base en un conocimiento más exhaustivo de La Palma, de sus necesidades y de sus oportunidades de desarrollo para dejar atrás la siesta –más o menos dulce, más o menos subvencionada por las restantes islas– que ha dormido en los años o tal vez las décadas precedentes. En todo caso me parece que hay que reclamar un debate público más serio que la espera del maná milagroso desde Madrid o Las Palmas que debe recibirse con un infinito, indescriptible agradecimiento. Son nuestras administraciones. Y nuestras perras. Seamos exigentes. Señalemos las contradicciones. Exijamos la máxima rapidez, inteligencia en las inversiones, diálogo entre gobiernos y la máxima transparencia en la gestión. Actuemos como un país democrático.

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