Los Colegios de Trabajo Social de Canarias se han pronunciado en contra de la Renta de Ciudadanía que propone el Gobierno regional, porque consideran que la ayuda es la que ya se proporciona con la Prestación Canaria de Inserción y no sirve para acabar con la exclusión social en las islas. Desde que comenzó a debatirse el alcance de la ‘propuesta estrella’ de la consejería de Derechos Sociales, en unas jornadas celebradas en el Paraninfo de la ULPGC en diciembre de 2019, los trabajadores sociales de apoyaron con indisimulado entusiasmo esa ‘renta ciudadana’, una prerrogativa establecida en el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, que obliga al Gobierno a crear un sistema de ayudas que garantice a quienes lo necesiten unos ingresos para vivir con dignidad. La colisión del proyecto con una iniciativa similar –el Ingreso Mínimo Vital-, planteada desde el Gobierno de España, retrasó todo el proceso, que –inicialmente- debía haber empezado a funcionar antes de finalizar este año y que –muy probablemente- no comenzará a repartir dinero antes del próximo.
El problema es que la prestación no va a suponer un cambio real de modelo en el sistema de ayudas económicas contra la pobreza. Las cifras son muy reveladoras: en Canarias hay hoy 375.000 personas en situación de pobreza severa y las ayudas actuales –Prestación Canaria e Ingreso Mínimo Vital- no llegan conjuntamente a 16.000. Con la Renta de Ciudadanía, en el mejor de los casos –y es muy optimista pensar que pudiera ocurrir así- se llegará antes de final de esta legislatura a cubrir a 15.000 o 20.000 personas más, entre otras cosas porque la nueva ayuda es más compleja en su tramitación y gestión que la PCI que viene a sustituir. Y es precisamente en la incapacidad manifiesta para tramitar y gestionar las ayudas donde fallan las propuestas e intenciones de Derechos Sociales. Hacer más complicado el acceso a una prestación de último recurso no parece lo más sensato, sobre todo cuando al final, lo único que se va a cambiar va a ser el nombre. El formato para acceder a la PCI es ya bastante complicado, y las explicaciones que ofrece la consejería en su web no contribuyen mucho: la información confunde con dos cuantías mínimas –478 y 127,59 euros mensuales- y solicita aportar más de una decena de documentos para iniciar el trámite: el modelo de solicitud, el DNI, permiso de residencia o TIE del solicitante y de las personas que conformen la unidad familiar, más el libro de Familia, el certificado de empadronamiento, certificado en caso de ser pareja de hecho, documento de separación o divorciado -sentencia de divorcio o auto judicial-, vida laboral y afiliación social de los miembros de la unidad familiar, inscripción como demandante de empleo, certificado de ingresos bancarios de la unidad familiar, recibo del último pago del IBI y declaración del IRPF. Afortunadamente, la web de la Consejería recuerda que hay un sistema para resolver los trámites de forma ‘telepática’, pero sólo si se dispone de DNI electrónico o firma digital. Llevan con lo de la «solicitud vía telepática», desde agosto de 2020.
En fin… el Consejo Económico y Social también respalda la iniciativa, que desea ver encajada en una revisión más amplia y ambiciosa de los servicios sociales, no basada sólo en la ayuda y el subsidio. El Consejo que asesora al presidente del Gobierno en cuestiones sociales y económicas, se sorprende de que la ley no mencione la pobreza, como si negar su evidente peso en la sociedad de las islas supusiera empezar a vencerla. Muy al contrario, retorcer el lenguaje tirando de eufemismos –vulnerabilidad, marginación- para ocultar la evidencia de que un cuarenta por ciento de los canarios son pobres, es sólo manipulación y propaganda.
