Los jóvenes no quieren pagar nada. Se está instalando en la sociedad que el Estado debe hacerse cargo de todo lo que el salario no pueda dotar a las familias.
Por este motivo el estado del bienestar se siente atacado y la educación, sanidad, pensiones o ayudas sociales, cada vez son menos sostenibles si el Estado tiene que pagar, además, la luz, internet, conceder pisos gratuitos, transporte bonificado o, porque no, móviles y ordenadores.
Esa fiesta socio-hedonista no es sostenible. Ni el Estado tiene recursos ilimitados, ni los trabajadores o las empresas pueden pagar más impuestos o cotizaciones sociales sin que se plantee desinvertir y dedicar sus recursos a rentar sin riesgos de nóminas, créditos, impagos, responsabilidades y similares.
Mientras las conversaciones en el bar suben de intensidad, la sensación real es que todo está suspendido. Retrasado «sine die».
Si no está vinculado a posibles presupuestos, por una declaración de impacto ambiental, una pega burocrática, una licencia que nunca llega, un plan de urbanismos guardado en una gaveta o un crédito ICO que no puedes renovar porque pasas, automáticamente, a ser considerado como moroso.
O como te sientas, apaciblemente, a ver como se transforma este país con un P.I.B. de 1,3 billones de euros con una inversión de 72.000 millones de fondos europeos a los que habrá que añadir otros 72.000 de cofinanciación empresarial.
¡Largo me lo fiais! Que escribiría Tirso de Molina en su obra El burlador de Sevilla.
Mientras las vacunas no sean una garantía de esterilización –que nunca lo serán– y las mutaciones del covid puedan poner en jaque a la sociedad en general y a la económica en particular, recordemos que no existe el sentimiento de progreso sin que venga avalado con un buen puñado de hechos contrastados.
