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Wladimiro Rodríguez Brito

Las papas: ¿cultivo protegido?

En una lectura económico-ambiental de lo que ocurre en Canarias saltan numerosas contradicciones, como la Administración poniendo recursos en asuntos sociales y ambientales pero obviando otros asuntos de primer interés ¿Nos hemos olvidado de los alimentos y espacios protegidos? Aquí y ahora no hablamos de alimentos básicos, de suelo y agua y de los posibles problemas entre lo que demanda nuestro estómago y lo que produce nuestro campo. Claro que hemos de preocuparnos por nuestro medio ambiente, pero no vemos que nadie con responsabilidades políticas escriba una línea valorando el suelo agrícola, los cultivos y la relación de estos con la alimentación de nuestro pueblo.

Debemos hacer una lectura ecoambiental de las papas, los agricultores y la prevención de los incendios. Hace unos días, para suspender la urbanización de Arico (complejo Punta de Abona), se argumentó el papel de la piña del mar, una planta. ¿Conocemos algún caso de razonamiento similar para defender el suelo agrario?

Además, hay que destacar el papel en la alimentación de los canarios, ya que nuestro pueblo tiene unos consumos de papas comparables al mayor consumidor de papas del mundo, que es Ucrania, y recordar que en Canarias somos pioneros del cultivo en Europa porque llevamos más de 500 años cultivándolas.

Papas, medio ambiente y cultura.

Hemos de señalar la relación que tienen las zonas en las que cultivamos las papas con las zonas ambientalmente y la problemática que generan, ya que en muchos casos bordean espacios forestales. Hay que tener en cuenta la relación de la zona de cultivo en los barloventos en cinco islas occidentales y en los valles al norte de Lanzarote y el gran peso del cultivo de secano o con un par de riegos. Por otra parte, hemos de entender que en la cultura rural en Canarias tenemos un nivel de vínculos y conocimientos en nuestro medio en el que los manejos de cultivo nos son familiares y que tenemos agricultores potenciales para el autoabastecimiento.

¿Papas, cultivos protegidos?

Leemos con preocupación las últimas referencias sobre la situación social de los agricultores de papas. Los datos del presente año son contundentes: hemos sembrado la cifra más baja en los últimos 100 años en la historia de Canarias, ya que en 2020 solo hemos importado 4.000 tm3 de papas de semilla, a lo que hemos de incorporar la semilla local -básicamente papas de color. Debemos saber que sembramos en una Ha unos 1.200 kilos, lo que hace que la siembra de papas en Canarias esté en torno a las 4.000 Ha. Sirva ese dato para confrontarlo con las 15.000 Ha que cultivamos en la década de los 70 del siglo pasado. Estamos hablando de autoabastecimiento y exportando una 40.000 tm3.

Papas y economía de los agricultores.-

Los datos de los ingresos de los que manejan el sacho están en que los agricultores no consiguen cubrir el costo. Los precios pagados al agricultor entre junio y septiembre, período en el que recolectamos el mayor peso de la cosecha, apenas ha llegado a 0,50 €/kg en en contados casos y, en la mayoría de ellos, no alcanza los 0,30 €/Kg.

Con los costes actuales, estamos obligando a los agricultores a tirar la toalla, ya que no cubren las demandas más elementales. Y lo que es peor: ahora hablamos de la importación para el abastecimiento local, desmoralizando a nuestros agricultores. Además, la burocracia tampoco ayuda, ya que las cooperativas no cobran las ayudas actuales de unas 2.500 Ha o las cobran con demora de un año.

¿Papas con el paraguas de la protección?

Entendemos que la Administración no puede mirar para otro lado ante la situación descrita. Si vemos lo que pone la Administración en cubrir otras actividades con prioridades sociales y ambientales, hemos de asumir que los costes de la cesta de la compra también tienen un carácter social.

Hablamos de papas de Egipto o Israel, con costes a los que no podemos competir, con excedentes agrarios del mercado municipal, con papas dumping por las que se paga 15 euros el saco de 25 Kg. Aquí y ahora los agricultores no han de tener peor tratamiento que el que le damos a los ERTE o a otras prestaciones para los parados. La Administración Pública tiene que implicarse con los agricultores, aportando recursos que cubran los costes de producción y garantizando los costes a los que labran la tierra porque eso es un trabajo ambiental.

Esta sociedad debe establecer de manera urgente unas rentas complementarias, bien por cada kilo producido o bien por metro cuadrado labrado y cultivado, incorporando elementos de penalización sobre los terrenos con vocación de cultivos abandonados. De igual forma, hay que fomentar el cooperativismo y la asociación de los campesinos y establecer un compromiso con los distribuidores, proporcionando puentes y vías con la distribución en los medios urbanos. Asimismo, es urgente que nuestros jóvenes contribuyan a que no se produzca la descapitalización humana del campo y una política agrosocial diferente, ya que no es razonable que un alimento básico dependa de la importación cuando aquí tenemos suelos y cultura para cultivar, aunque no tenga salida, como ocurre este año.

El autoabastecimiento y el medio ambiente demandan otra política agraria, con un aspecto económico que garantice a los agricultores cubrir sus costes y con una visión medioambiental, ya que nuestros agricultores están protegiendo el campo y previniendo incendios forestales con su trabajo.

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