La Diputación del Común elaboró hace casi dos años –poco antes del comienzo de la pandemia- un informe extraordinario al Parlamento de Canarias –la institución de la que depende la Diputación- en el que advertía de la grave situación de desidia, hacinamiento, abandono e insalubridad de algunas de las residencias de ancianos de Canarias. El informe, elaborado por una de las adjuntas al Diputado del Común, la letrada Milagros Fuentes, se basa en un trabajo de campo realizado con visitas a 25 centros de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, en las que se habló con los responsables del cuidado de los ancianos y con los propios residentes y se realizó una inspección de las instalaciones.
La primera impresión de quienes redactaron el informe es que los ancianos de las residencias parecían haber sido drogados para que permanecieran mudos y silenciosos, sin hacer mucho ruido ni emitir protesta alguna. En la inspección se detectó la proliferación de ratas y cucarachas, principalmente en las zonas de cocina (en una de ellas, a cielo abierto, los restos de los alimentos se amontonaban directamente al suelo), y de parásitos en las camas en los que dormían los ancianos. El informe nos recuerda la descripción de un orfanato dickensiano: «Baños con evidentes signos de suciedad, dos brotes de sarna, infestaciones por chinches en los colchones, comedores con restos de comida durante horas, colillas amontonadas en las puertas…». En una de las residencias de Tenerife, la adjunta y su equipo fueron ‘invitadas’ a abandonar las instalaciones.
Lo cierto es que, al margen incluso de lo que resulta más desagradable en el informe, lo que más perturba es la descripción del desinterés de los cuidadores con las personas ancianas y vulnerables, o la resignación cómplice de muchas familias, que optan por el silencio a sabiendas de la deplorable atención que reciben sus mayores, antes de exponerse a denunciar la situación y correr el riesgo de tener que acoger de nuevo a los ancianos. Por parte de los propios cuidadores, sorprende el conformismo ante la falta de recursos, la escasa vigilancia médica, el abandono, o la inexistencia de pautas de actuación y controles para hacerlas cumplir, la ausencia de una inspección que evite la indignidad, la desatención y el maltrato, que combata la ausencia total de intimidad, o políticas capaces de poner en marcha normativas que permitan mejorar las cosas, evitar el abuso que supone que en algunas residencias haya personas mayores atadas durante horas a sus camas, porque nadie se ha preocupado de poner en marcha un protocolo que regule ese tipo de prácticas.
Pero lo más grave de todo es que el informe fue entregado al Parlamento en noviembre del año pasado, sin que se haya llegado en ningún momento a debatir. La Comisión de Asuntos Sociales, que preside la diputada María del Río, viene retrasando el debate sobre la situación de las residencias desde hace un año, negándose a incorporarlo al orden del día. ¿Por qué no hay manera de que un informe institucional, emanado de un organismo independiente que forma parte del propio Parlamento, sea discutido en la Cámara?
Se me ocurre una única explicación: María del Río silencia el informe desde hace un año para evitar que se pueda responsabilizar a la consejería de Asuntos Sociales, que dirige su correligionaria Noemí Santana, por no realizar la tarea de inspección sobre las residencias de mayores que le corresponde. Es cierto, y lo digo antes de que se escuden nuevamente en la herencia recibida, que probablemente esta situación viene arrastrándose desde hace muchos años.
Pero ocultarla intencionadamente no hace que mejore.
