Yo no dudo que Canarias vaya a recibir 122,5 millones de euros en proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de la UE con el objetivo de activar la economía de cuidados. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, bajo la trémula mirada de Noemí Santana, firmaron ayer el convenio de colaboración para la ejecución de los proyectos financiados por el pastón multimillonario, que se prolongarán durante tres años. Unos 72 millones euros para aumentar las plazas sociosanitarias en la residencias, 18,9 millones para potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio, 6 millones para viviendas de cooperación y alrededor de 1.300.000 euros para viviendas compartidas. Oiga, ni por un minuto lo dudo. Lo que no sé es cuando lo notará el ciudadano. Porque estos gobernantes se están acostumbrado a celebrar la firma de un convenio o el mero anuncio de una transferencia como una victoria épica o un asunto ya saldado.

Al cabo de dos años largos de legislatura la gestión de la Consejería de Derechos Sociales es uno de los desastres del Gobierno de Torres. Porque no es un problema de naturaleza política, sino de dirección y capacidad resolutiva técnico-administrativa. A la señora Santana su departamento se le ha ido de las manos: más de 9.000 personas en lista de espera para que le sea reconocida su situación de dependencia, tres de cada diez ciudadanos con ayuda reconocida no la reciben, las entidades colaboradoras no dejan de lanzar críticas. El Diputado del Común, Rafael Yanes, aseguró que debería multiplicarse por cinco el personal técnico y administrativo encargado de la gestión de los expedientes de dependencia para desatascar la situación. ¿Es esa misma Consejería la que deberá gestionar más de 122 millones de euros en los próximos tres años para políticas y programas de cuidados sociosanitarios? ¿No se está abocando al departamento a un nuevo estrangulamiento operativo? ¿Al menos se ha tenido en cuenta esta circunstancia para el resto del mandato? ¿De qué sirve esa morterada –con perdón– si luego se la administra agónicamente entre la ineficiencia y la ineficacia? A Ángel Víctor Torres le ayuda su aspecto mosaico en la escenografía del maná interminable de millones que caen sobre Canarias. Lo que no colabora con él es, precisamente, las limitaciones de la administración autonómica en una coyuntura de ingresos extraordinarios y excepcionales.

La administración de la Comunidad autónoma de Canarias es un desastre bastante capaz de salvarse a sí misma y ligeramente anacrónica para asumir situaciones de crisis de gestión. Está regulada por una ley de 1987, una ley de los tiempos del primer gobierno de Jerónimo Saavedra, y ha sido parcheada por una ristra de normativas y reglamentos que a medida que pasaba el tiempo solucionaban asuntos cada vez más menesterosos. No ha crecido inteligente ni armoniosamente, no se ha planificado jamás su modernización, y como en todas las entidades políticas españolas, los partidos han tendido a su patrimonialización de manera más o menos desvergonzada. Si existe una reforma urgente y que al mismo tiempo dependa de nuestros propios medios es la de las administraciones públicas, sin la cual cualquier proceso de modernización del país se reduce casi a un chiste. Ahora mismo debería formar parte de la agenda política regional, tomando medidas urgentes que no contradijeran una reforma estructural a medio plazo, pero seguimos actuando como si no pasara nada. Más temprano que tarde descubriremos que sin un instrumento válido válido, moderno y consensuado, una administración del siglo XXI, la trasformación económica de Canarias y su cohesión social territorial terminará en un fracaso más o menos deprimente.