Este es el relato más peligroso –y falso– que se puede comprar ahora mismo, y que realmente no contiene ninguna propuesta, salvo caldear los ánimos y alimentar la confusión, a saber: los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias son poco menos que unos facinerosos que pretenden gestionar la pandemia sustituyendo a nuestro honrado gobierno autonómico, y si sus autos dicen esto o aquello es por culpa de desaprensivos empresarios –obviamente tinerfeños– hayan o no interpuesto denuncias al respecto. Es una curiosa y mezquina forma de lamerle las botas al Ejecutivo: cuestionando la separación de poderes y atribuyendo (sin un solo indicio verosímil) una actitud de sabotaje institucional al Tribunal Superior de Justicia. Venga. En medio de una situación sanitaria cada vez más crítica –con una presión asistencial ya grave en los centros hospitalarios de la Comunidad– lo mejor, sin duda, consiste acusar al TSJC de lo que ocurre y puede llegar a ocurrir.
Lo que está ocurriendo tiene su origen – no pretende uno ser original –es la decisión del Gobierno central de levantar el estado de alarma y dejar que las comunidades autonómicas se enfrenten a controlar la pandemia– cogobernanza se ha llamado a la broma sin disponer de instrumentos normativos adecuados para hacerlo. Los tribunales no bendicen como correcta o desacertada, imperativa o descartable una medida o estrategia de control o contención del virus: deciden si la Comunidad autónoma –en este caso– dispone de base jurídica suficiente para implantarla, y resulta de una irresponsabilidad pasmosa denunciar a los magistrados como punto menos que enemigos jurados de la ciudadanía y la salud pública, encerrados en torres de infolios incomprensibles e intereses espúreos.
Por supuesto que pueden y deben hacerse cosas. En primer lugar asumir que esta situación –que puede empeorar terriblemente en muy pocas semanas– puede y debe resolverse en el ámbito de las relaciones entre Canarias y el Gobierno central. Lo que urge es una legislación ad hoc y extraordinaria que permita a las comunidades disponer de capacidad dispositiva y ejecutiva en la gestión de la pandemia y sus efectos sanitarios. Hoy se reúne la Conferencia de Presidentes en Salamanca, con la única ausencia previsible del jefe del Gobierno catalán, Pere Aragonès. Es un foro inmejorable para plantear esta situación; tal vez, en el caso de Ángel Víctor Torres estaría obligado a hacerlo. Pero nadie ha abierto la boca al respecto. Quizás por el asombro: desde Moncloa solo se ha mandado un folio con dos lacónicos parrafitos para simular un orden del día. Las cosas pintan mal, francamente, si lo que busca Pedro Sánchez es una (otra) foto. Es incomprensible esta frivolidad, pero también parece muy difícil comprender que el PSOE y el PP no hayan conseguido consensuar en las Cortes una normativa de emergencia sanitaria que eluda los problemas de una gestión autonómica de la pandemia. Este desacuerdo –es hora que se diga– está generando muertes, enfermedad, hospitales colmatados, descontrol, agotamiento, hartazgo y fatiga. La fatiga pandémica se convertirá muy pronto en fatiga democrática.
Complementariamente se podrían, igualmente, tomar otras iniciativas que el Gobierno Canarias ya podría y debería implementar: aumentar temporalmente el personal adscrito a Atención Primaria, incrementar el número de rastreadores, en particular en Gran Canaria y Tenerife, intensificar los controles policiales en zonas de masificación urbana, potenciar más a través de todos los medios de información y propaganda la vacunación entre los más jóvenes y en el segmento de edad entre los 35 y los 50 años, que arrastra la tasa de vacunación más baja en las islas. Esto no está hecho. Esto, todavía, nos puede deshacer.
