En una reciente entrevista (El Día, 22-07-2021), el presidente del PNV Sr. Ortúzar atribuye los favorables indicadores del estado del bienestar en Euskadi a que allí una «mayor presión fiscal… se traduce en más recaudación, lo que nos permite invertir en servicios públicos» etc., sin siquiera citar su singular régimen de financiación, muy ventajoso respecto a otras CCAA. En efecto, la norma que regula la aportación de Euskadi al Estado por las competencias no transferidas (el famoso Cupo) previó que para el periodo 2017-2021 aquella ascendiera a 1.300 millones de euros anuales, 250 millones menos que en la norma anterior a 2017. Esa cantidad sigue infravalorando lo que las diputaciones vascas tendrían que pagar al Estado y por tanto perpetúa el perjuicio a este último, como dice el economista y gran experto en financiación autonómica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la fundación Fedea, quien añade que esos 1.300 millones no resultan «de sesudos cálculos técnicos, sino de un acuerdo entre (el ministro) Montoro y el consejero de Hacienda vasco».
Este acuerdo puramente político ignoró la petición unánime del Comité de Expertos sobre la financiación autonómica (2017) de que Euskadi aportara «de manera inmediata a la nivelación territorial», lo que todavía no es el caso, ya que con el actual Cupo y a diferencia de lo que ocurre con otras CCAA comparativamente ricas (como Madrid, Cataluña, Baleares o Comunidad Valenciana), no existe aportación significativa «de las Comunidades Forales (Euskadi y Navarra) a la solidaridad interterritorial ni a la igualdad de acceso a los servicios públicos». No es, pues, extraño que el País Vasco tenga las cifras más elevadas de gasto público per capita de España y, por ende, mejores prestaciones, pero no sólo por méritos propios sino por su régimen de financiación, privilegiado y poco solidario con el resto.
