Hay cierto debate sobre si las personas que se niegan a vacunarse tienen derecho a ser atendidas en los servicios sanitarios públicos o deberían costeárselo con sus propios recursos. No hay muchas dudas. Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en los servicios públicos de salud, entre otras cosas porque se sostiene con sus impuestos, sean negacionistas o no. Sería lo mismo que plantear que a los fumadores no se les atienda de una neumonía. O que a la gente obesa, que es plenamente feliz siéndolo, no se les tratara de las muchas complicaciones que puede producir el sobrepeso. O ya, por seguir, que tratar una cirrosis hepática estuviera prohibido para los que se meten una cuarta de vino todos los días entre pecho y espalda. Estamos en una sociedad que se ha vuelto un tanto desquiciada y ya hasta parece normal que se hagan planteamientos tan extremos. Pero no es normal. En estos días que la pandemia se nos va de las manos, solos nos faltaba perder también el sentido común. La sanidad es universal y cubre a todos los que la sostienen. E incluso a quienes que no lo hacen. Porque el principio del derecho a la salud es uno de los que sostienen nuestro Estado de Bienestar. Un negacionista, que se niega a vacunarse porque no se fía, comete una estupidez. Pero la respuesta de la sociedad no puede ser contestarle con otra.
