En el BOE de 10 de julio de 2021 se publicó la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una de sus estipulaciones es que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a mil euros. Los pagos entre personas físicas se mantienen, de momento, en los dos mil quinientos euros.

En la práctica, esta asombrosa medida supone que una tienda, un centro comercial o una empresa únicamente admitirá hasta mil euros en efectivo cuando un autónomo o una pequeña empresa quiera realizar una adquisición. Para cantidades superiores tendrá que pagarse con una tarjeta bancaria. O lo que es lo mismo, se obliga a cualquier profesional o empresario a tener cuenta bancaria, con dinero depositado, sí o sí. Y lo que es peor, el anuncio es que a corto plazo la restricción del efectivo se ampliará a los propios ciudadanos.

Considerando que en este momento tener el dinero en un banco te cuesta dinero, porque no solo no retribuyen los ahorros sino que cargan al cliente con todo tipo de comisiones de mantenimiento, operativas y de gestión, la pregunta es ¿por qué se obliga a un pequeño empresario o a un ciudadano a tener abierta una cuenta bancaria? ¿Es que no somos los dueños de nuestro dinero? ¿Desde cuándo tener efectivo en tu casa, si es legítimo y proveniente de rentas lícitas, se ha convertido en algo prohibido?

El argumento de la lucha contra el fraude fiscal no se sostiene. Si existe fraude no es culpa de los ciudadanos en general, sino de aquellos que lo cometen. Castigar la libertad de los contribuyentes de disponer libremente de un dinero que es suyo es hacer pagar a justos por pecadores. Pero es que, además, ahora mismo esta nueva limitación es un disparate mayúsculo. Lo que le hace falta a nuestra economía es, precisamente, gasto, aumento de la demanda interna, que la gente se anime a sacar sus ahorros y a consumir. Y la medida va en un sentido diametralmente opuesto.

Si te cabreas con los bancos y decides guardar el dinero que ganas con tu trabajo o tu pequeña empresa en tu casa, te van a impedir cualquier transacción superior a los mil euros. Es el paso previo a la abolición del papel moneda. La desaparición del dinero en efectivo que será meramente un apunte electrónico en manos de las entidades bancarias y de los gobiernos. El paraíso perfecto donde todos los ciudadanos estarán controlados por algoritmos que determinarán cuánto se gasta en pipas, en cines o en farmacias. Nuestros usos y costumbres, nuestra intimidad, estará expuesta claramente en los ordenadores del fisco. Y de quien quiera tirar de esos datos, por supuesto.

Ya ni siquiera somos dueños del fruto de nuestro esfuerzo. Un funcionario con gorra y mando en plaza ha puesto un límite arbitrario al dinero –nuestro dinero– que podemos gastar. Nos tocará pasar por caja. Es decir, por la caja del banco.