Hace unos días posaban en fotografía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, anunciando un acuerdo para cumplir la ley. Que tiene coña la cosa. Porque las leyes se supone que se cumplen sin necesidad de acuerdos políticos. Pero así están las cosas y así nos las cuentan. Canarias recuperará, nos aseguran, el 80% de diferencia en las bonificaciones a los rodajes del cine en las islas. Sin embargo, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de Coalición y Nueva Canarias, un decreto por el que se sustancia un diferencial que solo llega al 25% y que, por tanto, consuma el incumplimiento de la Ley del REF. O sea, que ayer se aprobó algo que va en contra del acuerdo anunciado anteayer. Se supone que el estropicio jurídico se arreglará más adelante, cuando la señora Montero tenga a bien y le salga del Boletín Oficial del Estado. Reconozcamos que todo esto es muy extraño. Mesas paralelas a la legalidad y un Gobierno central que sigue tomándonos la pelambrera por el simple hecho de que solo tenemos dos votos liberados en el Congreso. Esto a los vascos y a los catalanes no les pasa ni de coña. Y esta última evidencia es la peor campaña electoral a la que podrían aspirar los diputados canarios que en las próximas elecciones se vayan a presentar por partidos estatales. No es que el cine nos vaya a sacar de pobres–aunque Pedro Sánchez vaya de visita oficial a Netflix y HBO en su extraño viaje a EEUU, que por algo será– pero ya son muchas veces las que Madrid desprecia olímpicamente las peculiaridades de estas islas. Demasiadas veces.