El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Carmen Calvo –con la ministra ya fuera–, en la que se condena y repudia el golpe de Estado de 1936 y al régimen franquista, y se incorporan medidas como la exhumación de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, o la consideración como delito de la apología del franquismo. El anteproyecto de ley persigue sustituir la ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, y ésta es la segunda vez que pasa por el Consejo de Ministros: en septiembre del pasado año recibió una primera aprobación del Consejo, siendo después sometida a diez meses de audiencia pública.

En un país tradicionalmente dado a los odios cerriles y excesos ideológicos, como es el nuestro, la tramitación del proyecto de ley en el Congreso va a iniciarse con la oposición de los partidos de la derecha, que consideran que el texto del Gobierno entierra definitivamente el espíritu de conciliación de la Transición española. Vox ha anunciado un recurso al Constitucional, y el PP su intención de derogar la Ley cuando vuelvan al Gobierno y sustituirla por una Ley de Concordia. De hecho, el proyecto, fue sometido a consideración del Consejo Fiscal, un órgano oficial vinculado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que aprobó por sólo un voto de diferencia –seis contra cinco– informar a favor del anteproyecto. También el Consejo General del Poder Judicial se pronunció sobre este asunto, aunque –al contrario que el Consejo Fiscal– lo hizo informando contra la propuesta del Gobierno, por 15 votos frente a seis. Parte del rechazo del Poder Judicial radica en la oposición de los jueces a la disolución obligatoria de la Fundación Francisco Franco, una entidad que realiza estudios de carácter histórico sobre el dictador. El Poder Judicial considera que la defensa del legado franquista, o incluso de la figura del dictador, está amparada constitucionalmente por la libertad de expresión.

La ley, en cualquier caso, no ha sido tampoco respaldada unánimemente por los grupos y partidos que apoyan al Gobierno Sánchez: ha recibido el rechazo de asociaciones de la Memoria y de partidos secesionistas o marxistas –Esquerra y la CUP– que entienden que no es suficientemente dura en el ajuste de cuentas con el pasado. El PSOE considera que las críticas desde la derecha y la izquierda a la nueva ley demuestran su carácter centrista, moderado y democrático, y ha destacado como principal aportación de la ley que se somete ahora al Parlamento su condena del franquismo y del golpe que desató la Guerra Civil.

En realidad, la mayoría de las medidas planteadas, son razonables sobre el papel. Sobre todo las que tienen que ver efectivamente con la Memoria, como la resignificación del Valle de los Caídos, la protección de los derechos de las víctimas, enseñar la Historia reciente del país en Bachiller, ESO y FP, o la creación de bancos de ADN para la identificación de las víctimas, o de un Centro Documental de la Memoria Democrática, de titularidad y gestión estatal. Junto a estas hay otras medidas de más difícil materialización, como las que tienen que ver con la investigación de «todas las violaciones del Estado de Derecho» y todos los crímenes, la retirada de honores, medallas, distinciones y títulos nobiliarios relacionados con la Guerra Civil, o la persecución como delito de la apología o exaltación del franquismo.

Es difícil implantar leyes de profundo contenido ideológico –como lo es esta– sin trabajarse previamente el más amplio consenso social. Lograrlo no es fácil, pero es el primer objetivo que debe plantearse si se quiere unir a la sociedad, no dividirla.