La madurez democrática provoca una mayor conciencia de los derechos de cada uno, y como consecuencia de ello la búsqueda de amparo en las instancias correspondientes para defenderlos. La inviolabilidad del domicilio, la salud o el ruido como alteración del descanso han sido invocados por unos vecinos de Las Palmas ante los tribunales, que han acabado dándoles la razón en su pleito contra el Carnaval de Día. El evento, por tanto, tendrá que ser trasladado por el Ayuntamiento a otro punto del municipio que cumpla con los requisitos para no perturbar la paz de la ciudadanía. La corporación municipal se encuentra por tanto ante un reto de dimensión extraordinaria por lo que representa la fiesta en el plano sociocultural, por su estímulo económico para el sector de la hostelería y restauración, y también como desafío para mejorar la calidad de vida de sus propios administrados.

Poner en jaque el Carnaval no es ajeno a Santa Cruz de Tenerife, donde también ocho comunidades de vecinos y diez residentes intentaron hacer valer sus derechos, con el letrado Felipe Campos al frente, en el año 2006 y casi logran enterrar la fiesta: en la Piñata de ese mismo año se realizaron las mediciones de ruido para pedir la suspensión cautelar. Pese a que los decibelios estaban disparados, se desestimó la denuncia, pero fue el argumento que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para dirimir la causa el siguiente año.

El lunes anterior a la gala de la reina, cuatro días antes de que saliera, o no, la Cabalgata anunciadora, el TSJC acordó no suspender la fiesta en la calle siempre y cuando el Ayuntamiento desarrollara unas medidas correctoras. A partir de ahí, la Corporación santacrucera, con Ángel Llanos como primer teniente de alcalde en la etapa de Miguel Zerolo, desplegó una estrategia diplomática que permitiera un acercamiento con los denunciantes, dejando atrás la confrontación y buscando la conciliación desde la altura de miras que se le presupone a un gestor público, que debe velar por los intereses de todos, y sin sacrificar la Fiestas de Interés Turístico Internacional, principal industria turística y económica de Santa Cruz de Tenerife.

Al final, fue más efectiva la negociación que la aplicación de la normativa, que podía tirar al traste años de historia. En este caso, Historia, con mayúsculas. Vale que los amantes de las fiestas argumentaban que el Carnaval ya se celebraba en la zona antes de que los residentes establecieran sus hogares, pero también era preciso no pasar el rodillo y garantizar el derecho al descanso desde el sentido común, por más que el Parlamento de Canarias promoviera la modificación, que se hizo efectiva, para dar protección a esta manifestación lúdica y cultural de Santa Cruz de Tenerife.

El diálogo prosperó y las palabras se tornaron en hechos: se contrató a dos expertos en sonido para verificar el cumplimiento del acuerdo, se redujo a tres el número de escenarios para los bailes, salvo en Piñata, que se mantenía en cinco, y se trasladó los quioscos de estudiantes a la avenida de Anaga. Además se orientaron los altavoces hacia el mar, se impulsó el Carnaval de Día y se movió la fiesta hacia el Puerto de Santa Cruz. Fueron los cimientos de una nueva relación entre administración y administrado en busca del consenso que garantizara la supervivencia de la fiesta.

Fórmulas hay. Sin apagar la música al Carnaval, pero siempre desde el respeto y la suma de voluntades, y admitiendo que algunos temen que llegue febrero porque viven en un “infierno” por los ruidos y la suciedad que “florece” en sus portales. Las Palmas debería repasar la historia de Santa Cruz y aplicar tácticas similares. Mejor les iría.