Cinismo es que las autoridades multen a los ciudadanos por lo que ellos hacen. El zarandeado Gobierno de España, que ya no se sabe ni de qué color es, ha lanzado un esputo, digo, decreto, por el que anuncia una patada en el trasero a los interinos de todo el país. Tendrán que someterse a oposiciones y, si no las aprueban, tendrán veinte días de indemnización y a llorar a la calle. Gente que lleva diez, quince o veinte años como empleados de la administración–renovados año tras año– se quedarán con una mano delante y otra detrás.
El Ministro de Administraciones Públicas Miquel Iceta, que defendía el federalismo y el máximo nivel de autogobierno para su Cataluña, le ha metido un grueso petardo en el trasero a las comunidades autónomas y administraciones locales, que son las que cuentan con más empleados públicos interinos y temporales y cuyas arcas públicas se enfrentan a indemnizaciones millonarias. Y eso a pesar de que Iceta–ministro socialista de un Gobierno progresist– aplicará lo peor de lo peor de la “regresiva” reforma laboral: una indemnización de 20 días por año trabajado. Y como no hay peor cristiano que el judío converso, el ministro catalán, ahora centralista de pro, quiere que el Estado tenga a partir de ahora el control de todos los temporales que contraten las restantes administraciones.
En el caso de Canarias, hay de 30 a 40 mil interinos a los que se les podría pasar por la quilla: los que llevaban más de tres años contratados antes del 31 de diciembre de 2020. Primero a las oposiciones. Y si no pasan, al paro. A los que superen una prueba parcial, se les podría ofrecer la consolación de una bolsa de empleo temporal. ¿Y cuándo va a pasar todo esto? Pues dicen que entre 2021 y 2024. En tres años dicen que arreglarán la chapuza de cuatro décadas. Y habrá algún iluso que se lo crea.
Las administraciones han exprimido a los empleados en situación de precariedad y en claro abuso laboral. Es el patrón que ha abusado de los trabajadores. Pero en este caso serán las víctimas las que paguen el delito y no los culpables. Y viendo el texto del esputo, digo decreto, está por ver que los interinos que aprueben las oposiciones no pierdan su antigüedad –una pasta que les robarían delante de las narices– y que los que no se presenten a las pruebas reciban indemnización.
Iceta, entregado con entusiasmo a su nuevo papel inquisidor, ha establecido la muy falsa disyuntiva de que o se les hace funcionarios–cosa que es ilegal– o se les echa a la calle o pasan una oposición. La opción de dejar a todas estos empleados como “fijos a extinguir”–es decir, hasta el final de su vida labora– no se ha considerado. Es lo que muchos llamaron una “ley de punto final” que solucionase la vida de tantísima gente. Pero eso sería un indulto. Y ya se sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez solo indulta a los independentistas catalanes.
EL RECORTE
Morir en la playa El viceconsejero de Economía y Premio de Consolación del Gobierno de Canarias, en su edición del año 2021, Blas Acosta, ha decido volver a la luz desde la frescura de su cuarentena política para explicarle amablemente a la población del Archipiélago que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, pero que la crisis va a seguir un año más. Como si fuera la marmota Phil de Punxsutawney (pronunciar “pansatoni”) nuestra mala sombra anuncia un largo y frío invierno. La temporada turística de verano está más perdida que el barco del arroz. Otra vez hay que retrasar los relojes de la recuperación. Y otra vez se pasan las esperanzas al próximo invierno. Como el año pasado. Algunos economistas, y no de esos que siempre ven el vaso medio vacío, anunciaron hace tiempo que la recuperación en Canarias no empezaría hasta el año 2023. O sea, dentro de dos años. Y que nos fuéramos olvidando de este y del próximo ejercicio, en el que la recuperación sería tímida e insuficiente. Pero es que, además de los factores económicos se nos están complicando los sanitarios. El porcentaje de vacunados en las islas está muy lejos de cumplir con los objetivos que se anunciaron en su día por el Gobierno –tal vez con demasiado optimism– y el incremento en el número de contagiados, especialmente en Tenerife, nos está colocando en una situación especialmente vulnerable. Canarias ha perdido casi cuarenta mil empleos con respecto al comienzo de la pandemia y el número de ocupados ha bajado en cerca de 135 mil personas. Hoy apenas trabajan en las islas poco más de ochocientas mil ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. No hace falta ser Nostradamus para saber que esto está más negro que las uñas del abuelo de Víctor Manuel. Tan mal está la cosa que el departamento de propaganda del Gobierno Angelical de Canarias ha admitido que se corrijan las expectativas de crecimiento, reduciéndolas en tres puntos porcentuales de PIB. Sin turismo y sin exportaciones –cayeron en mil millones el año pasado– solo podemos seguir flotando en este naufragio agarrados a los fondos europeos, que nos deben mantener vivos hasta que todo empiece a funcionar de nuevo. Pero ya deberían estarse pagando esas ayudas. Y tendría que estar funcionando a toda máquina un plan social contra la pobreza. No es así. Las ayudas a la economía se estancan y se dilatan en el tiempo. Y las de la pobreza,simplemente, no existen. Es una enorme tristeza, pero muchos habrán atravesado esta larga pandemia económica para terminar muriendo en la playa.
