Qué triste. El Gobierno autonómico (concretamente tres consejerías) afirma que la faltan funcionarios para gestionar los milagrosos fondos europeos. ¿Cuántos funcionarios? Pues unos cuantos funcionarios. Lo más divertido es que lo dice AHORA, ya adentrado el mes de julio. Una de las mayores mentecateces gubernamentales está consistiendo en la organización de la administración autonómica para recibir, procesar y tramitar tanto las ayudas directas a pymes y autónomos –contando con la ayuda de las cámaras de comercio– como los fondos de la EU. ¿Quién llevará lo segundo? Todo el mundo afirma que Gandalf el Gris, es decir, Antonio Olivera, es el máximo responsable técnico de la reorganización de los recursos administrativos de la Comunidad para gestionar los más de 1.800 millones de euros que llegarán en los dos próximos años. También decía Olivera hace un mes, aproximadamente, que era la Consejería de Transición Ecológica la que lideraba el proceso por número de proyectos y financiación requerida, y mira por donde, la Consejería de Transición Ecológica es uno de los departamentos que está reclamando funcionarios urgentemente. Por cierto, ¿no había previsto el bueno de Gandalf la contratación (temporal) de varios centenares de universitarios para transformarlos en técnicos de emergencia? ¿Ya están en sus puestos? ¿Qué pueden tramitar exactamente si no son funcionarios de carrera? Vaya usted a saber. La señora Nira Fierro asegura que el Gobierno canario es un faro que ilumina toda España, pero en ciertas materias, como en a que nos ocupa, más que un faro parece un mechero.

Los funcionarios, aunque a veces lo pueda parecer, no son alcachofas. El señor Valbuena no puede pedirle a un subordinado que se vaya al colmado de la esquina y le traiga cien funcionarios fresquitos, pero experimentados, tiernos, pero que no se deshagan en cuanto se cuelgue el ordenador. Una de las reformas que desde hace veinte años estaba en manos del Gobierno autonómico ha sido la reforma de su administración. Por supuesto no se ha llevado a cabo, y en esa inacción deliberada y zángana están perfectamente de acuerdo CC, el PSOE y el PP. Comparativamente los funcionarios votan más que la mayoría de los otros segmentos socioprofesionales y, por tanto, es conveniente no molestarles en exceso, y me refiero a los funcionarios y a los interinos ya consolidados, no a los siervos de la gleba de la burocracia que ahora Miquel Iceta pretende echar a patadas porque, aunque lleven cinco, diez, veinte años trabajando, no aprobaron jamás unas oposiciones. Es la nuestra una administración autonómica budista donde todo vale nada y nada, si alguien da el toque correspondiente, puede valer todo. Una administración desguarnecida y con una moral de trabajo generalmente invisible, con plantillas envejecidas y una productividad global sumamente mejorable, con excesivo talento mecanográfico y un déficit muy obvio (en lo cuantitativo y lo cualitativo) de técnicos que, a ser posible, conozcan siquiera someramente el mundo real. Es cierto que los funcionarios se han quejado de vez en cuando –suele ocurrir cuando están próximas las elecciones sindicales en esta o aquella covachuela– pero jamás ha abanderado en serio una propuesta amplia y concienzuda de reforma integral de una administración siempre parcheada y remendada. ¿Para qué? ¿Qué podría ir peor?

Y llega una pandemia universal para responder a la pregunta. Una pregunta que todavía no tiene una contestación completa. Esta exigencia de varias de las consejerías del Ejecutivo regional resulta bastante más preocupante y menos anecdótica de lo que aparece en medio de la espesa y torpona oscuridad en la que se está moviendo tanto Presidencia de Gobierno como la Consejería de Hacienda.