Sin sorpresas ni aspavientos de última hora, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer lunes por unanimidad emitir informe desfavorable a la pretensión del Gobierno Sánchez de que el diferencial fiscal en los incentivos al audiovisual sea inferior al 80 por ciento de la del resto de los territorios españoles. El informe, preceptivo a cualquier regulación o normativa que pueda afectar al REF, se emite a petición del Senado, al producirse una colisión entre nuestros fueros y la ley contra el fraude fiscal que tramita la Cámara.

La cosa es que el ministerio de Hacienda intentó utilizar la nueva ley para colarle un gol al REF. Todo empezó hace más de un año, cuando la ministra Montero aumentó los incentivos del resto de España hasta los diez millones de euros, duplicando los de Canarias. Posteriormente, el presidente Torres negoció con la ministra una fórmula que colocaba el incentivo a Canarias levemente por encima del nacional. Torres intentó con ello resolver la cuestión del dinero que podrían ahorrarse las productoras, antes que el cumplimiento de la letra y el espíritu del REF. La mayor parte de las productoras aplaudieron el acuerdo suscrito por el presidente, que cubría sus posibilidades actuales de desgravación, pero a futuro colocaba a la industria audiovisual de las islas en serias dificultades para competir con las productoras nacionales. Román Rodríguez, que mantiene una pésima relación con la ministra desde hace meses, no participó en esa negociación.

Cuando Torres trajo el acuerdo con el Ministerio a Canarias, creía lo que le habían dicho en Madrid, que el asunto podía resolverse sin afectar el REF. Tanto sus asesores como los de la Consejería de Hacienda lo dejaron vendido, y el presidente se encontró con una gigantesca chapuza entre manos: mientras él y el PSOE canario defendían públicamente una decisión incompatible con el REF, Román Rodríguez ya se había descolgado, y había convencido además a Podemos para que se sumara en defensa del REF, modificando su posición tradicionalmente insensible ante las agresiones al diferencial fiscal, un asunto que consideran sólo afecta a los ricos. Al final, Torres tuvo que elegir entre quedarse sólo defendiendo al Ministerio, o apoyar la iniciativa parlamentaria en contra de tocar el REF.

Lo cierto es que lo aprobado ayer sólo bloquea la decisión del Gobierno Sánchez un par de meses. Después de ese plazo, Madrid puede hacer con el REF lo que quiera. Será entonces cuando sabremos la influencia real de Torres en su partido: si logra mantener el diferencial en el 80 por ciento, será un éxito para Canarias y también para él. Si gana la ministra Montero –es bastante tozuda, ha estado a punto de crear una crisis institucional por algo que en el peor de los casos supone menos de 200 millones– Román Rodríguez dispondrá de motivos sobrados para recuperar su discurso nacionalista en la segunda parte de la legislatura. Lo va a tener difícil cuando se sepa que no ha sido capaz de resolver que lleguen a Canarias los dineros pendientes de carreteras, y ya prepara la explicación: la culpa es de Madrid y de Torres, que no se hace valer. Después de dos años de ineficacia y claudicación, ese va a ser el nuevo tono. Apúntenlo.

Y mientras, la bronca del REF le sirve a viceRomán de tramoya para ocultar que el Gobierno, por inspiración suya, ha vuelto a concederle a Francisco Moreno –en Consejo extraordinario y por decreto– la potestad de volver a adjudicar unipersonalmente los contratos multimillonarios de la tele. Para que eso ocurriera era necesario evitar que se creara la Junta de Control. Recordarán que para impedirlo, Nueva Canarias y el PSOE no votaron a sus propios candidatos a ocuparla. Líquido, blanco y en botella… otra vez más.