Podemos propuso el miércoles en el Parlamento de Canarias descontar del precio del plátano a su entrada en Península la subvención por kilo que se contempla en el Posei, unos 0,32 céntimos por kilo. Eso, según ellos, permitiría rebajar el precio mínimo, para que se pudieran vender los plátanos más baratos en el mercado peninsular y competir así con la banana centroamericana.

Aplicando esa fórmula en toda su extensión chafalmeja, probablemente habría que añadir el descontar también la subvención al precio del agua depurada, y al costo del transporte de mercancías, con lo que podríamos llegar al territorio peninsular con el plátano a coste cero. Regalaríamos plátanos a los consumidores peninsulares para competir con la banana: una idea tan estupenda que es increíble pensar que no se le ocurriera a nadie antes que al diputado podemita Paco Déniz, ese señor que un día amenaza con ‘escachar’ cabezas ajenas y al siguiente se pone a salvar el sector agrario de las islas, sin saber siquiera que los costos de producción en la Ley de Cadena Alimentaria se calculan sobre el precio real de los productos. Las subvenciones se liquidan mucho después de la comercialización.

El problema de la competencia de la banana es otro, y tiene poco que ver con nuestra capacidad para reducir el precio al que vendemos el plátano. La banana centroamericana es un producto infinitamente más barato, con mano de obra a costes tercermundistas, que además está entrando en el mercado peninsular sin estar obligada a cumplir previamente las normas fitosanitarias y de trazabilidad a las que sí se obliga a las producciones comunitarias, como el plátano de Canarias.

Aplicar normas de precios mínimos que –supuestamente– benefician a los productores nacionales, tiene escaso sentido cuando al mismo tiempo, en las estanterías de los supermercados, se obliga al plátano canario a competir con producciones cuyo precio no está regidos por las mismas normas. Eso es como hacer competir en una carrera a tus atletas con zapatos lastrados con plomo.

Podemos defiende en esto –como en otros casos– una tesis insoportablemente absurda, que es la de lastrar con más plomo aún al plátano. Y la presentan como el epítome de las buenas intenciones y la defensa de los intereses de los más necesitados de defensa. Dicen querer promover la soberanía alimentaria de Canarias para eliminar las importaciones. Y lo que demuestran es que los extremos se tocan: es la misma teoría que puso en práctica la autarquía franquista desde el final de la Guerra Civil y hasta los años 60, esos años en los que este país –y esta región– pasó un hambre de mucho cuidado.

Como idea, lo de descontar las subvenciones suena muy bien, pero si ya es poca la gente que dedica sus esfuerzos a la agricultura, si encima les descuentan las subvenciones, iba a trabajar la tierra su abuela la Pelá. También lo de cultivar más para eliminar las importaciones –aunque eso sea incompatible con descontar las subvenciones– suena muy romántico, ecológico y bienintencionado. Pero la cosa es que ni tenemos mucha tierra para dedicar al cultivo, ni tenemos agua, ni tenemos gente que quiera deslomarse trabajando la tierra, ni por supuesto tenemos la posibilidad de producir todo lo que necesitamos, ni siquiera para abastecer lo que consume el mercado turístico.

En fin, que lo que de verdad permite prosperar a las sociedades es el comercio: exportar lo mejor que puedes fabricar e importar lo que resulte más barato adquirir en otro sitio. Mal podemos pensar en vender nuestras exportaciones si no admitimos que también debemos importar de otros lugares. Porque aunque el diputado Paco Déniz nos llene de macetas todas las azoteas de Canarias, nunca seremos capaces de producir el alimento que necesita y consume una región de 2.200.000 habitantes.