El sábado pasado, Héctor Gómez, diputado a Cortes por Tenerife y –según él mismo presume- uno de los hombres claves del sanchismo patrio, dejó perfectamente claro que los socialistas canarios no transigirían con una modificación del REF. Era el momento en el que el PSOE defendía que la pretensión de la ministra Montero no tenía nada que ver con modificar el REF, y esa era la idea del comunicado socialista del viernes y de las airadas declaraciones de don Héctor: «Si hay una modificación al REF, cuestión que tendrá que determinar el informe del Parlamento, el PSOE se opondrá a ello: el REF no está en discusión», dijo Gómez. Pero Gómez -¡ay!- descubrió que en realidad lo que quería decir es que no se cambiaría el REF sólo si eso perjudicaba los intereses de Canarias, una cuestión bastante interpretable, por cierto. La cosa es que apenas unas horas más tarde, Pilar Llop, presidenta del Senado, llamó a Gustavo Matos, para comunicarle la moción del PSOE en la Cámara Alta «modificando el REF» y obligando por tanto al informe preceptivo de Teobaldo Power.
Después de año y medio de maltratar a las productoras de aquí, al Gobierno Sánchez, azuzado sin duda por el presidente Torres, le entró la prisa por incorporar Canarias a las desgravaciones fiscales aprobadas hace año y medio para toda España. Torres quería evitar que las producciones realizadas en el Archipiélago queden en desventaja frente a las de la Península al desgravar en el Impuesto de Sociedades, y estaba muy feliz por haber logrado doblarle el brazo a la ministra, decidida a salvar la competitividad de la industria cinematográfica española frente a la canaria. Lo que no podía suponer Torres era las consecuencias de la chapuza en la que Hacienda acabaría metiéndose.
Y es que la aprobación de subvenciones por debajo del diferencial que fija el REF no sólo violenta el propio REF, sino que exige de un informe parlamentario obligatorio, de acuerdo con el artículo 167.3 del Estatuto de Autonomía, que ha de tramitarse en un tiempo récord, y en el que Torres tiene que elegir entre retratarse como díscolo o como títere. Un retrato para la historia en el contexto de un sanchismo bonapartista que no perdona disidencia alguna.
El PSOE nacional considera que el informe no es vinculante –así lo dice la presidenta del Senado- pero lo cierto es que eso tiene su miga: el Estatuto es categórico a la hora de establecer que el REF sólo pude modificarse previo informe del Parlamento, y que ese informe, para ser ‘favorable’, debe ser votado por las dos terceras partes del Parlamento. Con toda certeza, no será favorable, porque los partidos que apoyan al florido Gobierno –incluso si Nueva Canarias y Curbelo votaran a favor de la modificación del REF, cosa que no va a ocurrir- no suman las dos terceras partes del Parlamento. Pero para que el informe sea ‘desfavorable’ también debe ser votado en contra por las dos terceras partes del Parlamento, y eso también es difícil que ocurra. Probablemente votarán a favor de la interpretación restrictiva de la ministra tanto el PSOE como Podemos. Los primeros asumirán quedar como peleles por disciplina partidaria, y los segundos se instalarán en el discurso de que el REF que soporta el diferencial fiscal, las ayudas al precio de la luz o las subvenciones al transporte de personas y mercancías «es una ley hecha para los ricos».
Si los socialistas canarios se sumaran al rechazo, entonces la cosa sería diferente: se abriría un proceso de negociación entre Canarias y el Estado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, y es posible que Madrid cediera. Pero en el nuevo PSOE de Sánchez, eso sería considerado felonía. Lo más probable es que Torres opte por hacer lo que le exige la ministra chapuzas. Eso sí, le va a provocar mucha angustia. Pobre.
