Cuando se habla de la subida de la inflación por el incremento del precio de la energía, estamos abriendo una brecha financiera hacia el exterior por nuestra dependencia del petróleo, que afecta a las familias, a los presupuestos de la administración pública, y a las empresas por el coste del consumo y por la presión que origina en los convenios colectivos cuyos salarios están vinculados a la subida del IPC.
A esta situación, nada deseable en estos momentos de frágil recuperación económica, hay que unirle el encarecimiento de los créditos nuevos y aquellos antiguos de carácter variable, que teníamos firmados para afrontar la pandemia y el cierre de la actividad económica.
Pensemos en un hotel abierto con una capacidad del 40% que tiene todas sus instalaciones colectivas abiertas pagando un coste extra que no puede asumir hasta que el nivel de ocupación esté mucho más elevado.
La recuperación económica y del empleo no serán tal, hasta que los resultados de las empresas sean positivos y sostenidos.
La subida prevista por el Banco de España, con una tasa interanual para la electricidad y carburantes del 24% es mala noticia, tanto para familias como para empresas.
Por otro lado, también hay que decirlo, la deuda ajena es más llevadera con una inflación controlada por debajo del 2% anual y que esté sin lugar a dudas, acompasada de una política de retirada de ayudas muy ajustada a la realidad, incluso con un traje a medida para cada país y cada sector.
No podemos equivocarnos en la recuperación. Los necesarios ajustes presupuestarios tienen que hacerse en un entorno de crecimiento económico y no de incremento de la presión fiscal.
En eso, Canarias tiene que seguir siendo el referente europeo de rentabilidad económica y fiscal pese a los consejos del G7, en favor de un impuesto de sociedades armonizado el 15%, que esperamos venga con la excepción de las RUP europeas bajo el brazo.
