La variable demográfica

En el último pleno del Parlamento de Canarias al vicepresidente y consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, sufrió un pequeño despiste en medio de una enérgica pieza oratoria. Es disculpable. Ya decía Cicerón, que no era de La Aldea, pero que valía mucho, que al orador se le reclama “la agudeza de los dialécticos, las sentencias de los filósofos, el estilo de los poetas, la memoria de los jurisconsultos, la voz de los trágicos y el gesto de los mejores actores”. Como parlamentario de larga experiencia el vicepresidente intenta tocar todas esas virtudes sin lograrlo, pero tiene una excelente voz que sabe modular bien, un cierto sentido narrativo y un talento para el sarcasmo que suele controlar, porque sabe que lo lleva por malos caminos. Y aun así, mientras insistía en que le gustan mucho los impuestos, y en especial subir los impuestos a los más ricos, dijo de pronto: “Porque, claro, entre el año 2000 y el año 2020 la población de Canarias subió en más de 530.000 personas…”

Por primera vez en más de un lustro se materializó, apenas durante unos segundos, una de las variables que más ha impactado en el desarrollo económico y social de Canarias y en los límites (eficacia y eficiencia) de sus servicios públicos: el crecimiento demográfico. Durante el Paulinato, en particular en su primero mandato, el crecimiento demográfico y sus consecuencias fueron introducidos en el debate público pero sin mayor trascendencia práctica. Paulino Rivero llegó a asegurar que solo una ley de residencia – imposible de normatizar en el ámbito del Estatuto de Autonomía, la Constitución y los tratados de la Unión Europea– podría limitarse una superpoblación “insoportable en un territorio limitado y frágil”. Hace un par de meses Rivero insistió en lo mismo: “es una locura que nuestra población aumente en 20.000 personas al año”. Tiene perfecta razón y, por supuesto, los orígenes del crecimiento demográfico no están en la llamada inmigración ilegal, sino en las miles de personas que se instalan en las islas entrando legalmente, con sus pasaportes en regla, a través de puertos y aeropuertos.

Ocurre, sin embargo, que esta evidencia no está metabolizada en el espacio público canario. No es que no se haya intentado corregir, evaluar, entender: es que no se reconoce como una variable problemática en la evolución presupuestaria, económica e institucional de Canarias. Cuando se denuncia –con plena razón– las terribles y cronificadas cifras de desempleo, las insuficiencias de nuestros sistemas públicos de sanidad y educación o los fracasos de las políticas asistenciales se olvida, y esa amnesia es una torpeza indefensible, que el más rápido crecimiento demográfico al que se ha enfrentado Canarias coincide (parcialmente) en el tiempo con una crisis feroz al que se enfrentó el Gobierno central (primero con Rodríguez Zapatero y después con Mariano Rajoy al frente) recortando recursos y transferencias y obligando al Ejecutivo canario (primero vicepresidido por José Manuel Soria y después por José Miguel Pérez) a liliputizar presupuestos hasta el mismo borde de la supervivencia de los servicios “esenciales”. Incluso entre 2008 y 2011 (los años más brutales de la crisis) el archipiélago vio incrementada su población en casi 60.000 personas.

En el mismo período (los veinte primeros años del siglo) Baleares solo ha aumentado unas 100.000 personas su población, como ocurre, por ejemplo, con Navarra. En el País Vasco unas 90.000. Los vascos tienen una tasa de desempleo del 11% de su población activa y suelen valorar positivamente sus servicios sociales. Es lícito preguntarse –vale la pena científica, política y socialmente– cuál sería la situación de la Comunidad autónoma vasca si hubiera sextuplicado su crecimiento demográfico en 20 años.