La amenaza terrorista ha sido aprovechada de un tiempo a esta parte por gobiernos de todo el mundo y todos los colores para endurecer sus leyes de derechos civiles y acallar a sus críticos.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir lo tenemos ahora en la pequeña Suiza, donde se ha llamado a los ciudadanos votar este domingo una polémica “ley de medidas policiales contra el terrorismo”, que pasó ya el año pasado el trámite parlamentario.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten de que, de aprobarse ahora en referéndum popular ese texto legal, corren peligro también en ese país derechos fundamentales.
Y recuerdan a este respecto el llamado “escándalo de las fichas” de 1989, cuando se supo que las autoridades federales y cantonales suizas habían reunido durante décadas unas 900.000 fichas de organizaciones y personas supuestamente peligrosas.
Entre los fichados había desde los grupos nacionalsocialistas y fascistas de los años treinta hasta simples sindicalistas o políticos e intelectuales de izquierda durante la Guerra Fría.
La nueva ley permite actuar a la policía federal contra cualquier persona en cuanto exista la mínima sospecha de que podría representar un peligro de tipo terrorista y aunque no haya pruebas suficientes para iniciar un proceso criminal.
Con ella se puede también obligar a menores a partir de los doce años a participar en interrogatorios, a presentarse regularmente a la policía y a no pisar determinados lugares o acercarse a individuos sospechosos de terrorismo.
Basta que la policía sospeche de alguien que puede poner en peligro la vida de terceros para ordenar su arresto domiciliario si bien para esta medida extrema se precise la autorización de un tribunal especial con sede en Berna.
Para Amnistía Internacional, la ley permite a la policía tomar medidas coercitivas contra inocentes, niños incluidos, a los que simplemente considere peligrosos. Incluso protestas legítimas podrían perseguirse como constitutivas de “terrorismo”.
La definición de lo que es “terrorismo” no puede ser más amplia ya que se consideran como tal los intentos de influir en o alterar el orden constitucional mediante la simple amenaza de delitos graves o “la propagación del miedo o el pánico”.
Muchos se preguntan si, según esa definición, también podría considerarse sospechosos de terrorismo a los periodistas críticos, a los activistas de cualquier causa como puede ser incluso la lucha contra el cambio climático.
Más de sesenta juristas han escrito una carta abierta contra ese proyecto de ley en la que denuncian la imprecisión de lo que se considera “amenaza terrorista”, algo que permite “todo tipo de arbitrariedades”.
Al mismo tiempo critican los signatarios de ese escrito el que no haya un mayor control por los jueces de las medidas preventivas que puedan adoptar la policía.
Para la relatora especial de la ONU para derechos humanos, Fionnuala Ni Aoláin, la ley sometida a consulta ciudadana amplía abusivamente la definición de lo que es “terrorismo” y envía al mundo “un mensaje equivocado”.
Recuerda esa abogada irlandesa que gobiernos dictatoriales o autocráticos como el chino, el saudí o el turco abusan de las leyes antiterroristas para combatir a sus críticos.
La ley podría quedar finalmente aprobada el próximo domingo si se confirma lo que indican los sondeos previos según los cuales un 60 por ciento de los ciudadanos suizos está a favor de la misma.
