La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas nucleares, entidad que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2017, acaba de hacer público su informe anual, centrado esta vez en los ingentes gastos en armamento nuclear correspondientes al ejercicio 2020. El informe deplora, con razón, que en el año marcado por una terrible pandemia –aún no controlada– cuando escasean los recursos para urgentes e indispensables gastos sanitarios de todo tipo, y en el mismo año en que tras arduas negociaciones en el marco de la ONU se consiguió ratificar un Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (El Día, 04/11/2020), los países nucleares no solo hayan mantenido sus enormes gastos en esos artefactos de destrucción masiva, sino que los han aumentado.
El informe detalla el gasto público para 2020 de los 9 países reconocidamente nucleares, gasto que de mayor a menor presupuesto (en millones de dólares y redondeando) asciende a: 37.000 EEUU; 10.000 China; 8.000 Rusia; 6.200 Reino Unido; 5.700 Francia; 2.500 India; 1.100 Israel; 1.000 Pakistán y 0,67 Corea del Norte). En total, unos 72.000 millones, esto es, ciento treinta y ocho mil dólares por minuto.
El informe no responsabiliza sólo a quienes en esos países toman las decisiones políticas, sino que señala también a las 21 grandes empresas que desarrollan y fabrican esas armas, “ansiosas por sacar tajada del pastel de 72.000 millones financiado por los contribuyentes”, para lo cual dedican unos 117 millones de dólares a lobbies que presentan las armas atómicas como la solución a complejos problemas político-diplomáticos, e incluso subvencionan a centros de estudio que investigan y publican sobre esas armas. El conjunto conforma una “tupida maraña de decisiones presupuestarias y contractuales” que sostiene “el negocio de las armas nucleares”, al margen de su muy discutible racionalidad estratégico-militar.
