Como cada año, y este no iba a ser menos, los jóvenes egresados del bachillerato se exponen a las pruebas de la EBAU, antes PAU y, mucho antes, Selectividad, como incluso se siguen llamando. Y, como cada ejercicio escolar, y este tampoco se iba a quedar atrás, ya se ha planteado el oportuno debate sobre la desigualdad territorial y cómo los alumnos de las respectivas comunidades autónomas afrontan los preceptivos exámenes. Sin embargo, en esta ocasión la supuesta desigualdad, cierta en varios sentidos, lo es ahora más. La permisividad, la laxitud o manga ancha del organismo regulador, entiéndase el Ministerio de Educación, ha provocado que la Selectividad sea, en la práctica, a la carta en señaladas autonomías, mientras que en otras se conserva el deseable rigor académico que da brillo y esplendor a la convocatoria.

Son muchas las voces, y no sólo de los sectores conservadores de la opinión, que alertan de la deriva de la educación en España, pero, en este mes de junio y con los exámenes de acceso a las puertas, la situación se recrudece. Lo primero que ha de hacerse constar es que Canarias, conjuntamente con ocho comunidades más, se suma al número de territorios que aceptan una definición laxa del procedimiento, en concreto, con la posibilidad de que los alumnos acudan con un suspenso bajo el brazo a la convocatoria. Esto genera que, en términos comparativos, los chicos canarios dispongan de una oportunidad que no es visible, pongamos por caso, en Murcia o Galicia. Alguien lo entenderá, y está en su derecho, como un efecto positivo y compensador del sistema educativo de las Islas, pero, en el fondo, puede despertar recelos y suspicacias hacia los titulados insulares, además de devaluar las carreras universitarias cursadas en el Archipiélago. No obstante, y siendo realistas, la educación ha perdido el horizonte igualitario y equitativo de antaño, aquello que se dio en llamar el ascensor social. En la actualidad, la brecha entre comunidades no es solamente el reflejo del famoso informe PISA, sino también de la calidad y exigencia de los distintos sistemas de instrucción repartidos por las diecisiete autonomías.

Quizás se juzgue que uno persiste en ser agorero, aunque, como docente en activo, únicamente pretendo lo mejor para los alumnos, que no es necesariamente lo que ellos, sus padres y hasta la administración educativa quieren. Las Canarias, como siempre digo, son sus habitantes, y el futuro de las Islas son, por supuesto, sus hijos; si deseamos prosperidad para este potencial humano, el asunto no pasa por correr un tupido velo sobre las carencias propias, sino por exigir a quienes, por edad y circunstancia, lo han de asumir. En caso contrario, ese velo lo será de la ignorancia de un pueblo que mira para otro lado cuando se ponen al descubierto sus problemas estructurales. Dicho lo cual, suerte y ánimo a todos los que han de presentarse a la convocatoria.