Hace un par de días, la concejala chicharrera Rosario González reveló que el Ayuntamiento había devuelto al Cabildo casi 1.200 bonos sociales de transporte, por ser defectuosos. Los bonos formaban parte de un lote de algo más de 3.200, que habían sido entregados por el Cabildo al Ayuntamiento, como subvención en especie, para que fueran distribuidos entre vecinos sin muchos recursos. Y así se hizo: los bonos se repartieron antes de que finalizara el pasado año a los vecinos, pero cuando los vecinos comenzaron a usarlos descubrieron que muchos no servían. Teóricamente, se trataba de bonos para el servicio interurbano, pero si los metías en el dispositivo de lectura, éste se quedaba frito, no reaccionaba. Los vecinos comenzaron a devolverlos porque no servían y Titsa se desentendía del problema. El Ayuntamiento dejó de repartir muchos de ellos. Un mal rollo, en fin.

Lo que hizo entonces el Ayuntamiento fue devolver los bonos que se sospechaba defectuosos –muchos de ellos sin usar– al IASS, que es quien los había entregado meses antes al Instituto Municipal de Atención Social. La respuesta del IASS fue recordar al Ayuntamiento que los bonos son una subvención, y por tanto, debía justificarse el gasto o abonarlo. A partir de ahí se lió parda.

En realidad lo que ha ocurrido con los bonos es una auténtica chafalmejada, de esas que embroncan a la gente y envenenan las relaciones en nuestra tierra: resulta que el Ayuntamiento también había comprado bonos por su cuenta para entregar a los vecinos más necesitados, concretamente bonos para trayectos urbanos. Son idénticos a los otros. Nada los distingue y alguien debió guardar unos y otros en la misma gaveta, y mezclarlos sin querer. Cuando se repartieron a los vecinos, se entregaron como bonos interurbanos los que no lo eran. Al pasarlos los usuarios por el lector de la guagua, la maquina ni siquiera los procesaba. Al Ayuntamiento no se le ocurrió comprobar nada, dio por hecho que los bonos eran defectuosos y los devolvieron, incluso los que no habían sido utilizados.

A partir de ahí, el IASS hizo sus averiguaciones. Se pasaron los 1.200 bonos por los lectores de Titsa –el IASS y Titsa son organismos dependientes del Cabildo–, y se detectó que todos ellos funcionaban. Todos, los 1.200. Lo que ocurre es que las tarjetas bono social del Ayuntamiento no cubren algunos de los trayectos para los que sí puede usarse el bono interurbano que entregó el IASS. Al mezclarlos, hubo usuarios que recibieron los interurbanos para sus trayectos urbanos, y a otros les ocurrió lo contrario. Esos fueron los que tuvieron que bajarse de las guaguas porque su tarjeta no servía. Pero no porque estuviera estropeada, no. Más bien porque las tarjetas, aún siendo iguales, sólo reaccionan para lo que han sido programadas.

¿Cuál es la situación actual? El IASS reclama la devolución de sus bonos, o la justificación de su uso, o el reintegro de su valor, para aceptar la justificación de la subvención. El Ayuntamiento no puede devolver los bonos interurbanos que fueron usados como urbanos, pero también lo tiene difícil para justificar su uso, porque alguien se precipitó certificando que los bonos devueltos estaban mal.

En una situación de menos tensión que la que mantienen un Ayuntamiento y un Cabildo cada día más enfrentados, la historieta de los bonos mezclados habría dado para unas risas sin mucho alarde, sobre todo porque –aún sin producirse perjuicio económico para las arcas públicas– los ciudadanos afectados sí tienen motivos para estar cabreados. Pero… ¿con quién? Porque es difícil saber quién es responsable de haberlos barajado y provocado esta confusión.

Y es que los bonos del IASS fueron recogidos en el IASS justo un mes y medio antes de que prosperara la moción de censura contra la alcaldesa Patricia Hernández. Y aquí nadie va a reconocer haberla pifiado. Si hay algún responsable, seguro que fue el otro.