A veces, para ver la realidad, hay que ordenar los datos. Lo primero que nos indican las cifras es que en Canarias la pobreza se ha disparado sin remedio. Las organizaciones humanitarias están desbordadas con incrementos que van desde el 40 al 80% de nuevos demandantes de ayudas económicas o alimentarias. Cuatro de cada diez peticionarios son nuevos pobres: es decir, familias que no habían conocido nunca situaciones de extrema necesidad como las que están padeciendo. Y el 33% de las personas que son atendidas son jóvenes de entre veinte y treinta años.

Sobre ese árido territorio de dificultades se anunciaban grandes lluvias que se han quedado en chubascos. El Ingreso Mínimo Vital tuvo en las islas el mayor porcentaje de denegaciones de todo el Estado. De 67 mil peticionarios apenas se resolvieron positivamente 13 mil expedientes. El Banco de Alimentos ha denunciado falta de recursos justificados en que tiene menos comida y más demanda, con lo que ha estado repartiendo menos alimentos, menos veces, a más personas. Los fondos contra la pobreza, en términos generales, no han funcionado.

Las islas tienen el mayor porcentaje de paro juvenil de su historia —más del 61%— y por supuesto el mayor del Estado. Tenemos 277 mil parados y 77 mil trabajadores congelados en los Ertes, o sea, técnicamente 350 mil personas que quisieran trabajar y no pueden. Hemos perdido, el pasado año, cien mil puestos de trabajo y más de 20 puntos de PIB, once mil millones de ventas turísticas y casi mil millones en exportaciones que se han esfumado.

Todo esto tiene que ver con la pandemia y con la crisis económica producida por el virus. Pero no nos engañemos, ya venía de atrás. Los indicadores de Canarias eran malos antes de que nos llegara el descabello del Covid. Los salarios más bajos del Estado, las cifras de exclusión más altas y servicios públicos deficientes, incapaces de atender las demandas de los administrados.

Pudiera parecer que la solución a todos nuestros males reside en la reactivación del turismo. Es el peor autoengaño en que podríamos incurrir. Necesitamos que el único motor decente de nuestra economía vuelva a funcionar, por descontado. Pero para que todo esto cambie se requieren algunas cosas más. Ningún partido y ningún político en las islas ha asumido nunca que la administración y sus procesos necesitan una urgente reforma. Menos normas y más claras. Criterios de eficacia y eficiencia, medidas que aumenten la productividad, que eliminen burocracia y que sean capaces de garantizar que los procedimientos y tiempos públicos estén al servicio de la creación de riqueza y no al revés.

Cuando todo empiece a funcionar, a comienzos del año que viene, el tsunami económico comenzará a retroceder. Se disparará el consumo, la producción y la actividad. Y entonces llegará una segunda ola, en sentido inverso, tan destructora como la primera. Lloverán entonces impuestos, porque tendremos que empezara pagar la liquidez que hoy estamos utilizando masivamente para la supervivencia. Los créditos siempre tienen precio. Y muy caros. Y los vamos a pagar los mismos de siempre.

El Recorte

¡Liberad a Wally!…Y a los presos políticos

Personalmente estoy del Gobierno peninsulero hasta más arriba del bigote. Así que me acojo a mi derecho a seguir el pensamiento revolucionario del mencey mayor de Canarias. El presidente Torres ha dicho esta semana —y coincido con él de pe a pa— que los políticos catalanes que fueron enchironados deben ser indultados. Que no deberían estar en la cárcel si queremos que en este país haya concordia política y poder caminar tranquilos por las calles (igual mejor por las aceras, que hay mucho fotingo desagallado suelto por el piche). De ahí se puede deducir que quienes los metieron en el talego por sedición y malversación lo hicieron por razones políticas y no jurídicas. Un error, por tanto, que ahora hay que corregir. Ya era hora de empezar a admitir que en España tenemos presos políticos. Y que lo que hicieron no fue realmente un delito: convocar un referéndum de autodeterminación y declarar en un Parlamento autonómico la independencia del decadente y crepuscular Estado español. Eso nos abre un esplendoroso panorama. Canarias tiene más razones que nadie, geográficas, históricas y políticas, para sentirse un país soberano. Solo nos fallan las agallas económicas. Ahora ya sabemos que convocar una consulta popular de autodeterminación no es delictivo. Pues a por ello. Queda el pequeño problema de los seis o siete mil millones anuales que recibimos de los españoles desde tiempo inmemorial. Pero si conseguimos que alguien —por ejemplo la UE por no aguantarnos más— nos apoquine el dinero que no sabemos ganar o que dejamos mansamente que nos sisen delante de las narices, podremos convertirnos en el primer gran país soberano/subvencionado de la Macarronesia Guanche que merecemos ser. ¡Madrid, te quedan dos telediarios! Y lo sabes.