Las universidades isleñas, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Productos Naturales se han dirigido al Gobierno autónomo –y al Parlamento– para solicitar una actuación económica que revitalice el sistema I+D+i en Canarias a través de un compromiso político e institucional. Un plan de rescate para la investigación y la innovación, cuya financiación pública no se han recuperado de los hachazos presupuestarios que se padecieron entre 2009 y 2015, en la penúltima crisis económica. Autoridades académicas y científicas demandan un marco de inversión estable para los próximos seis años, con una inversión de diez millones anuales hasta alcanzar los 60 millones de euros en 2027, y lo que es más llamativo “crear un entorno económico que ayude al asentamiento de nuevas empresas vinculadas a la investigación y la innovación tecnológica”.

Por empezar por documentos que nadie recuerda podemos citar unos papelitos que se presentaron con gran ringorrango en 2013, tanto por el entonces presidente del Gobierno, Paulino Rivero, como por el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, José Miguel Pérez, y que bautizaron como Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (2014-2020), de la que nunca más se supo. Para los más ingenuos, las acciones que se recogían en el Plan de Acción de la Estrategia 2020 en Canarias se han visto frustradas por la crisis de la covid , pero en realidad estaban apalabradas con la suficiente abstracción para no ocupar ni preocupar a nadie: el objetivo es avanzar hacia una economía inteligente, sostenible e inclusiva, promoviendo la eco-innovación y demás hierbas alucinógenas que no hacen mal a ningún vecino, pero que tampoco sirven para nada. Con esta hermosa fantasía pasó lo mismo que con el PEINCA (Plan Estratégico de Innovación de Canarias, 1999) el PICIDI (Plan Integrado Canario de I+D+i (2003-2006) y el Plan Canario de I+D+i+d (2007-2010), es decir, casi nada. Al menos este último, que la crisis guillotinó antes de que se desarrollara cabalmente, establecía un orden y unos objetivos ambiciosos y realistas, con una doble orientación, transversal y sectorial: las TIC y las biotecnologías, turismo y transporte, energía y agua, cambio climático, astrofísica y biomedicina.

En este cuarto de siglo ha sido imposible consolidar un ecosistema canario de investigación e innovación, y no únicamente por las crisis económicas, el exacerbado burocratismo o la insuficiente colaboración entre las administraciones públicas. Lo cierto es que para que un sistema de I+D+i funcione razonablemente deviene imprescindible la participación (programática y sobre todo financiera) de la empresa privada. Y el modelo de desarrollo económico y acumulación de capital que ha cuajado en Canarias conspira abiertamente contra la implantación y crecimiento de una I+D+i potente con capacidad de transformación social y cultural. Es muy sencillo, tal y como explica el profesor Álvarez González: “la especialización económica supone igualmente una especialización tecnológica y el predominio de un cierto modo de innovación”. Una economía basada en servicios turísticos “ha supuesto tradicionalmente una especialización en actividades de tecnología baja y media-baja”. Nuestro tejido empresarial lo conforman microempresas, pymes y autónomos y apenas una veintena de entidades disponen de capacidad inversora en programas de investigación e innovación. La modestia de la empresa canaria conduce a una I+D+i débil, y la debilidad del sistema de innovación no estimula la creatividad empresarial y la diversificación económica. Solo un consenso político amplio, un uso inteligente de los fondos NG y la conexión de proyectos futuros con instrumentos como el REF y la ZEC podría permitir salir de esta contradicción.