Dicen que Alfonso Guerra popularizó esa técnica de “usted pregunte lo que quiera que yo responderé lo que me dé la gana”. Su sucesor es sin duda el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que a una pregunta de Ana Oramas, en el Congreso, de por qué se cargó las negociaciones entre el Gobierno de Canarias y los empleados públicos en precariedad laboral, se salió por peteneras. Es insólito que la administración pública esté multando a las empresas privadas y haciendo inspecciones de trabajo para regularizar contrato temporales cuando se permite el lujo de estar a la cabeza en las peores prácticas laborales. En Canarias hay, se estima, unos cuarenta mil empleados públicos que no tienen ninguna seguridad en sus puestos de trabajo. La casuística va desde el encadenamiento de contratos temporales —durante más de una década— a las más exóticas interinidades. Iceta propone que no haya ningún empleado público temporal o interino que dure más de tres años y que al cabo de ese periodo se le eche sin indemnización. Asombroso. Pero en todo caso, esa sería una solución para los nuevos. La pregunta, la que le hizo Oramas y la que se hacen miles de empleados en precario, es qué se va a hacer con los que ya están. Con los que llevan años y años trabajando. La administración no puede destinar empleados públicos temporales a atender necesidades que no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales; sino que son ordinarias, estables y permanentes. Y esa es la práctica común ahora mismo.
