Hace ya seis años, el 24 de febrero de 2015, Francisco Moreno, que era entonces, tras pasar la idoneidad del Parlamento, candidato por el PSOE al órgano equivalente a la actual Junta de Control –el Consejo Rector de la RTVC, que iba a votarse al día siguiente– renunció a optar a este puesto, en protesta –según dijo– por la polémica surgida entre los grupos parlamentarios al proponer a los cinco aspirantes, uno de los cuales, Juan Santana, militante del PP, fue rechazado por los socialistas y por Nueva Canarias. Moreno justificó su decisión de retirar su candidatura y bloquear la elección del consejo, alegando que el proceso de elección «reproduce el esquema clásico de cuotas por partidos y pervierte el espíritu de profesionalización e independencia política que emana de la nueva Ley de la RTVC». Tres años después, el 7 de febrero de 2018, tras una votación secreta, que los partidos intentaron hacer transparente con un ridículo sistema de bolígrafos de colores por grupos, se produjo otro acontecimiento inesperado. Coalición y el PSOE se habían puesto de acuerdo para presentar una candidatura consensuada para cubrir las vacantes del Consejo Rector de RTVC, bloqueado por esas dimisiones. Las candidatas propuestas fueron las periodistas Marta Cantero y Carmen Zamora. Amparándose en el voto secreto, uno de los 15 diputados socialistas votó contra ellas. Nunca se supo porqué.
El 17 de mayo de ese mismo año, el presidente de la tele, Santiago Negrín, presentó su dimisión, tras tres años de ser sometido a una brutal cacería mediática por los propios medios que optaban al concurso de la tele. Para su dimisión alegó motivos personales.
El 26 de abril de 2021, el que firma esto (yo mismo mismamente) apenas unas horas antes de someterme junto con seis candidatos más a un examen parlamentario de idoneidad para integrar la Junta de Control, fui acusado de falsificar hace siete años dos certificados de mi currículo académico para convertirme en profesor de periodismo. La acusación fue realizada al unísono por los mismos dos periódicos que acabaron forzando la dimisión de Negrín tres años antes, y jaleada por el coro de los mantenidos. La presentación de un peritaje que demuestra que los certificados son auténticos, y de un informe de la inspección de la Universidad de La Laguna negando que fueran siquiera considerados para valorar mis méritos para ser profesor, no ha silenciado a los difamadores.
Coincidiendo con esa recurrente campaña de descrédito, Podemos pidió un tercer informe al Parlamento que retrasó la votación de la Junta de Control. El informe –por tercera vez– no les dio la razón. Nueva Canarias volvió a pedir lo mismo ayer, un cuarto pronunciamiento de la Mesa: será debatido en la de hoy. Y el PSOE decidió ayer convocar a su ejecutiva para abstenerse en la votación de sus propios candidatos a la Junta, para evitar que Francisco Moreno (volvemos al principio) renuncie de nuevo, esta vez a su elección como director general, si la Junta obtiene más votos que él, algo que ocurriría inevitablemente si el PSOE hace lo que es razonable: votar a los candidatos que ha propuesto, los periodistas Luz Belinda Giraldo y Alfonso Campoamor.
Estos son sólo algunos de los hitos de una secuencia que se mueve en el contexto de decenas de contratos –algunos multimillonarios– con los que la televisión sostiene artificialmente a medios de comunicación arruinados. Una secuencia que envilece y degrada la política de Canarias hasta extremos bananeros, que debilita el discurso público y lo obliga a situarse en el juego de la protección, la omertá y el sometimiento a intereses privados. De verdad… ¿No sería hora de cambiar el modelo a público, para acabar con toda esta miseria moral de una vez?
