Una prueba de que en Bruselas se corta el bacalao, por si había alguna duda, es la operación de ingeniería fiscal que pretendía endosarle a la zorrúa Sánchez y CIA a cuatro millones de beneficiarios, a los que quiere suprimirles la ayuda por presentar la declaración conjunta en el IRPF. La medida iba de tapadillo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que España tiene que hacer méritos ante la UE para recibir los millones para salir del destrozo covid. Alguien se puso la gafas para la presbicia y dio con el corte fino, por lo que la ministra Montero apretó el botón de la marcha atrás. Lo curioso es la justificación del desguace: el fomento de la incorporación de la mujer al trabajo. Bajo dicha finalidad se entiende, entonces, que hay una masa femenina que vive de sus parejas y que está feliz gracias a la satisfacción de la tributación conjunta. Hay mucho sociólogo y economista que no sale de la cueva hace años. El paro femenino existe por la falta de oferta laboral, y es hasta fantástico creer que el giro fiscal de Moncloa las vaya a expulsar de sus dulces o tristes hogares. Ojalá fuese así. La realidad crujiente es que estas mujeres tienen fuera de sus cuatro paredes un futuro muy negro: o kellys para las habitaciones del sector turístico, o asistentas sin cobertura legal en casas particulares dedicadas a fregar la losa y las escaleras. Un problema estructural como el paro crónico, protagonizado por aspirantes de baja cualificación y edad avanzada, no se soluciona como es obvio con un cambio en la tributación, puesto que al final parece que las afectadas por la desigualdad de género no quieren acceder al mercado laboral porque no les da la real gana. Vienen tiempos duros para enjugar el avance prodigioso de la deuda pública por culpa de la pandemia. Y hacen falta espías en Bruselas para saber qué contienen esos informes de 1.000 o más páginas, de los que sólo nos llegan extractos que vienen a ser la letra pequeña del contrato, ilegible pero capaz de tumbar a un tigre.
