Es característico del nuevo progresismo apostar por un derrumbamiento progresivo de las ideas de la Ilustración y del humanismo, que ponían al individuo por encima del Estado. Poco a poco el interés general –o su invocación-, se eleva sobre el particular y el Estado se adueña de la sociedad y de la ciudadanía y quiere hacerlo de su pensamiento.
En el ámbito de la justicia muchas son las expresiones de este fenómeno. Una de ellas es la socialización de la culpa en ciertos delitos en los que el autor no responde por sus propios actos e intenciones, sino por pertenecer a un grupo. En la violencia de género el responsable no lo es exclusivamente por su conducta, sino que su imputación se construye sobre la base de presunciones derivadas de su pertenencia al sexo masculino. En los delitos de odio se protege al grupo por encima del hecho cometido y se sanciona al autor por la agresión al grupo que se considera víctima aunque no existiera intención de agredirlo. La culpabilidad se sustituye por el concepto nazi del derecho penal de autor. La libertad y responsabilidad individuales se tornan colectivas y tuteladas por el Estado, que considera a los ciudadanos incapaces para su propia protección y decisión.
Preocupante es también la conversión de la Justicia en lo que, con cierta displicencia y sin medir los efectos de esta afirmación, la considera un «servicio público». La Justicia va perdiendo progresivamente su carácter de Poder del Estado y se acerca en su estructura y controles a un órgano administrativo más, incluso jerárquico y regido por los principios de eficiencia y racionalidad del gasto. No es la satisfacción de los intereses de la ciudadanía de la mejor manera posible el elemento determinante, sino el hacerlo de modo proporcionado a la inversión realizada y al esfuerzo presupuestario. De ahí que las garantías, que no solo el procedimiento, se adecuen al valor de lo pretendido. El Estado no puede invertir más de lo que implica el pleito desde planteamientos estrictamente económicos, sin que la solución del conflicto sea el dato prioritario.
Los jueces, a su vez, se someten a baremos de productividad medidos cuantitativamente: tantas sentencias y autos, con independencia de la calidad exigible. Se trata de «fabricar» resoluciones a peso, algo parecido a lo que sucede en la Universidad con las exigencias para la llamada acreditación: tantos libros y artículos. Y en ambos casos es indiferente el contenido. Lo esencial es producir, ser rentable, ajustar la inversión al producto, aunque, en el caso de la Justicia no se resuelva el conflicto y genere desconfianza en el sistema.
Choca esta visión con las previsiones presupuestarias, con la inversión prevista. Para el año que viene el ministerio solo avala la creación de sesenta juzgados para toda España, número totalmente insuficiente. España tiene cinco mil jueces; Alemania, por ejemplo, más de veinte mil. Un dato revelador.
Por muchas reformas que hagan, si no hay inversión, todo es mera fachada y apariencia, palabrería hueca como la utilizada en las reformas orgánicas que se proponen; las alusiones grandilocuentes a la eficiencia o la resiliencia son poco más que jerga inútil. No son solución, como ha aprobado el Gobierno, los llamados Tribunales de Instancia, una nada que nada modifica en realidad, pero que abre la puerta a mayores controles mediante el recurso de limitar la independencia de cada juzgado o tribunal, sin acompañarse, para hacerla efectiva y positiva, de reformas materiales y orgánicas necesitadas de recursos. Pero, eso cuesta dinero y el papel lo soporta todo si quien lo redacta es indiferente a la utilidad real de lo que hace y le basta con el BOE. Hecha la ley, resuelto el problema. Y una ley confeccionada conforme a eslóganes, premura e inmediatez.
La eficiencia procesal pretenden basarla en la mediación preceptiva, algo que el PSOE en 1984 derogó por su inutilidad y que vuelve, como las limitaciones a los precios de alquiler propios de la LAU de 1964, reformado por el PSOE en 1994, a proponerse como novedad. Fracasos contrastados y legislación franquista constituyen las alternativas «novedosas». Pero, dinero, poco o nada.
La culpa de que la Justicia no funcione, dicen, es del ciudadano que gusta de demandar y se niega a abrazarse con su adversario procesal, a amarlo, a ser generoso. Y de los jueces, que no producen resoluciones bastantes y se empeñan en pensarlas. Y se lanzan a obligar a la bondad humana y a la productividad, la eficiencia y la resiliencia. La culpa es siempre de alguien y cuando así se piensa la solución siempre acaba igual: la sanción.
Nota: la semana pasada publicaba el BOE una ley en cuyo Preámbulo se hacía un duro reproche al PP y un alegato político impropio de una norma Y además, como cualquier jurista sabe, faltando a la verdad. Nunca en democracia se había caído en conducta tan reprobable. El BOE, diario oficial, convertido en el periódico del partido. Un proceso acelerado de degradación de las instituciones. Y no ha sido Podemos, sino un PSOE cada vez más alejado de posiciones moderadas. Contrasta y es justo decirlo ese PSOE con un PSPV a cuya cabeza Puig está desarrollando una buena labor. Una opinión muy extendida y bien justificada.
Otra: enviar balas en un paquete es un acto de matonismo alarmante. La violencia es injustificable provenga de quien provenga; contra unos o contra otros. Ver con un solo ojo, a derecha o izquierda únicamente, es propio de quien no quiere ver. Ortega y Gasset definía muy bien estas carencias.
