Inoportuna y oportunista, la convocatoria de las elecciones autonómicas de Madrid arrancó con pronóstico cerrado y malos augurios; devino en una polarización interesada, indeseable y escandalosa; con amplia, falsa y manipulada publicidad que incita al odio; en excesos propagandísticos que manipulan y omiten los datos; con desabridas arrogancias y salidas de todo de líderes y lideresas sin substancia ni fuste, pudor ni recato; con provocaciones de radicales machotes en fase de conquista o redención paternalista, y réplicas y boicots de radicales locales en territorios que éstos lugares estiman como propios y blindan con todos los medios a su alcance.

Con otras chácharas y cáscaras, vuelven los fantasmas del pasado, los pecados mollares cuando las cifras apretadas se pueden romper por una traición pagada –recuérdese el Tamallazo– o cuando las mayorías claras pero insuficientes permiten a los precisos o imprescindibles imponer trágalas que extreman sus posiciones, e insultan a la sensatez y/o la prudencia de la opción principal. Vuelve la urgencia del poder y vale todo; se pospone la ética y se pierde el criterio y los modales; y se fía en una futura batalla para recuperar las esencias; entre tanto, la intransigencia y la provocación abortan todas las posibilidades del diálogo y el acuerdo entre los diferentes, que es la clave del digno sistema de la libertad y el pluralismo.

La áspera campaña se cargó de plano todos los debates en los medios audiovisuales tras la provocadora y bochornosa actuación de la candidata Monasterio, faltona, incapaz y negada a condenar un escalofriante episodio que singularizó, para mal y para siempre, las vísperas del 4-M madrileño. Nos referimos al envío de las cartas con balas y amenazas de muerte a Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; Pablo Iglesias, cabeza de lista de UP y vicepresidente hasta la convocatoria; María Gámez, directora de la Guardia Civil; y Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo, esta última con una navaja con sangre seca, remitida por un vecino de El Escorial, al parecer enfermo mental, identificado y detenido, que se adhirió a esta secuencia de horror que exige una investigación rápida y eficaz y rápida de los fallos de la administración de Correos y una contundente depuración de responsabilidades; y, en paralelo, una urgente y exhaustiva actuación para localizar y detener a los culpables y, como cierre, una actuación estrictamente profesional del poder judicial, sin concesión a ideologías o simpatías, que aplique la ley con todo su rigor y consecuencias para evitar que la barbarie busque ser costumbre. Desde ahora, y mientras duran esas labores, la condena rotunda, sin excusas, paliativos ni parches de Sor Virginia por parte de todos los políticos honestos, de todos los colores y todas las sensibilidades.

En lo que queda de campaña nos quedan por ver muestras de prietas las filas y fofas consideraciones sobre las medidas y pesos de los ultras, reconocidos por sus actuaciones, pero deseados o forzosos en las actuales circunstancias; excusas matizadas a actitudes sin matices y, desde la otra orilla, la demanda de cordones de seguridad para los integrismos que amenazan la democracia, como hacen las izquierdas y derechas sensatas de nuestros socios de la Unión Europea. Entre tanto, lo más triste es que nadie habla de programas ni del Covid en la Villa y Corte.