Ayer me desperté más temprano de lo normal, con la desagradable sensación de que corrían cálidos fluidos bajo mi colcha. Encendí la luz para descubrir que estaba ensangrentado, más o menos del ombligo para abajo. Corrí las sábanas y vi allí mismo la cabeza de un caballo (o una yegua, no pude comprobarlo, solo estaba la cabeza). Pero no grité. En realidad, yo no tengo caballos. Soñaba con la mafia. Al despertarme las portadas del Diario de Avisos y el Canarias 7 estaban allí. Me acusaban de falsificar en 2014 dos certificados del currículo presentado para poder acceder a un puesto de profesor asociado. Mentiras. Los periódicos se olvidan en su relato de decir que los dos certificados son de las dos productoras de televisión de Lucas Fernández, propietario del Diario de Avisos. O que el propietario de Diario de Avisos ya intentó vender esa historia, hace cinco años, con ocasión de otro episodio de guerra sucia a cuenta de la tele, y la Universidad le dio carpetazo. Y que en ningún caso los medios que me atribuyen la falsificación intentaron contrastar conmigo lo que publicaron.

Que además todo esto ocurra justo el mismo día que vas a someterte en el Parlamento a la consideración de tu idoneidad para entrar en la Junta de Control de la Radio Televisión Canaria, no es probablemente una coincidencia. ¿Tiene algún valor eso para la verdad? No. La verdad no es lo que cuentan esos dos periódicos, o lo que han repetido después algunos otros medios, partidos e instancias que ayer se sumaron alegremente a difundir y agigantar el linchamiento iniciado por el Diario con una enoooorme foto en primera, de este rechoncho y calvo periodista. Entre esos medios, la televisión pública canaria, que tampoco se molestó en preguntarme.

Lo que ha ocurrido es que ayer se dio el penúltimo paso para dotar a la televisión canaria de una Junta de Control que tendrá no sólo que afrontar la situación de crisis, endeudamiento e impago de IGIC, en la que se encuentra la tele, sino también autorizar todos los contratos superiores al millón de euros, entre ellos los que puedan presentar las productoras de Lucas Fernández, los contratos de alquiler de instalaciones (cinco millones), o el contrato de informativos por 144 millones en seis años (ambos a empresas de Canarias 7).

La televisión canaria funciona con una gestión mixta público-privada, que ha provocado que después de una inversión de casi mil millones de euros (en euros de 2020), la tele no disponga de estudios, ni de platós, decorados, cámaras, ordenadores o cualquier tipo de equipamiento. Todo lo alquila la tele, todo lo paga, y cuando vencen los contratos, todo lo pierde. Eso conduce a mantener al mismo proveedor, y así llevamos 13 años.

Con la puesta en marcha de la Junta de Control y la aprobación del mandato marco del Parlamento, la tele puede empezar a cambiar, a desprenderse de sus actuales servidumbres. Puede dejar de ser el gran zoco de compra de voluntades y lealtades periodísticas, para dotarse de una gestión pública. Con las portadas de ayer han querido bloquear la constitución de la Junta, como hicieron hace dos años con decenas de portadas similares. Entonces destruyeron salvajemente la imagen del director anterior de la tele, Santiago Negrín, y lograron bloquear la voluntad del Parlamento, hace dos años, en esa ocasión gracias a la fuga secreta de un voto socialista que impidió la constitución del órgano de control. Y lo intentarán de nuevo, de aquí al día 11 de mayo, cuando se vote definitivamente a los miembros de la nueva Junta. Harán lo que sea necesario para seguir facturando. Usarán sus portadas como otros usan balas en sobres.

PD: Nos vemos pronto en los tribunales.