Las leyes del mercado no son, como las físicas, constantes universales. Pero obedecen casi siempre a la lógica. Cuando la revolución industrial empezó su inexorable transformación de las producciones, a comienzos del siglo XIX, los dueños de la potente industria textil del norte de Inglaterra buscaron reducir costes mediante la bajada de los salarios de sus trabajadores y la introducción de nueva maquinaria, lo que suponía eliminar puestos de trabajo. El proceso no fue sencillo, porque organizaciones anticapitalistas, los “luditas”, comenzaron una oleada de atentados destrozando e incendiando telares en los más importantes centros textiles.

Los telares tuvieron un efecto inmediato, además de cargarse puestos de trabajo: abarataron los productos. La ropa se puso al alcance de las clases menos pudientes. Y a la larga, la nueva tecnología creó otros puestos de trabajo en la fabricación de las máquinas, su mantenimiento o su reparación.

Lo que está haciendo la banca en España no obedece, en principio, a las leyes del mercado. La pérdida de mano de obra, con el despido masivo de miles de empleados sustituidos por aplicaciones informáticas y procesos inteligentes basados en la utilización de internet, no solo no se ha traducido en un abaratamiento de los servicios bancarios para el usuario, sino que, antes al contrario, vienen acompañadas de una subida de las comisiones bancarias, o sea, el dinero que las entidades les cobran a los que depositan su dinero en ellas.

Lo que hace la banca, por lo tanto, no obedece a las reglas de un mercado libre, sino de uno cautivo. A los ciudadanos de este país se les exige por la propia administración pública, en ciertos trámites, tener una cuenta en internet o en una entidad bancaria. Es un proceso que facilita la comunicación y, en otros casos, el embargo directo de parte del dinero que tenga un prójimo en su cuenta corriente, si no ha pagado a tiempo algún impuesto municipal o una multa de tráfico.

Los bancos son útiles. Por supuesto. Nos cargan automáticamente los recibos municipales y los impuestos, entre otras hierbas. Pero resulta difícil de digerir que cuando la mayor parte de las gestiones tienen que realizarlas los propios usuarios, cada vez se les encarezca más el precio de tener su dinero depositado en la entidad. El cobro de las comisiones o gastos de mantenimiento empieza a ser abusivo y se incrementa sin que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto. La situación de los usuarios es de absoluta indefensión y sus opciones se estrechan ominosamente cuando se enfrenta a una pinza entre los gobiernos y la banca. ¿De qué otra manera se puede interpretar que los pagos en efectivo se hayan ido limitando una y otra vez, obligando a las empresas y ciudadanos a acudir a transacciones electrónicas o con tarjetas de crédito o débito?

Poner el dinero bajo el colchón no es viable en una sociedad en la que el dinero en efectivo está de capa caída. Pero es la tentación que siente muchísima gente que está harta de tener la sensación de que le roban.