Recientemente han surgido asuntos y cuestiones jurídicas relacionadas con la política en este país, España, que vive situaciones muy curiosas que entiendo afectan al Derecho. De un lado, al Derecho Civil en materia de la nacionalidad española para los sefardíes que quieren recuperar la ciudadanía arrebatada a sus antepasados, como fruto de la expulsión a los judíos en 1492, y para los saharauis que nacieron como españoles en el Sahara occidental antes del acuerdo tripartito de Madrid de 1975 y de la retirada española en febrero de 1976. De otro lado, al Derecho constitucional, a la hora de considerar que los ciudadanos voten y sean votados.

Hoy nos vamos a centrar en algo tan sencillo como entender que el Derecho es Sentido Común y que a raíz de la pandemia de la covid del año 2019 habrá un antes y un después en el mundo del Derecho, tal como apuntó en la prensa el profesor de Derecho Constitucional en la universidad de La Laguna (ULL), Gerardo Pérez Sánchez. Ya me sucedió cuando actuaba como diputado europeo en la legislatura entre 1999 y 2004 y presenté una enmienda en un debate sobre la agricultura en las RUP´S que me aceptaron en el Pleno la mayoría de los eurodiputados pero que tuvo que ser ratificada por la comisión de asuntos jurídicos. Entendí entonces que el Derecho es Sentido Común, tal como me lo confirmó la presidenta de la comisión, la diplomática española Ana Palacio. Ahora me entran dudas y lo comento por el artículo publicado por el profesor Pérez Sánchez en el periódico EL DÍA sobre los “Ministros-magistrados y magistrados-ministros”. Hacía referencia al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, en los casos del cese del que fuera coronel jefe de la Comandancia de Madrid, sr. Pérez de los Cobos; así como de las prácticas de entrada en domicilios particulares sin orden judicial. Ambos casos han demostrado cómo el jurista ha dado paso al político y se ha anulado el razonamiento jurídico y el respeto a los principios y valores reflejados en la Constitución de 1978. Y si no, que se lo pregunten a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo que iban en la lista de candidatos a la Asamblea de la Comunidad de Madrid presentada por el PP pero fueron descolgados de la misma por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid al incumplir la fecha de censo, por denuncia del PSOE madrileño. Ello me llevó a acudir a la Constitución española de 1978 porque me acordé de la ecuación Derecho = Sentido Común. El Tribunal Constitucional al que acudió el PP madrileño, se manifestó de manera fracturada en dos bloques, con tres a tres votos en la Sala Primera, por aplicar una reforma de la ley electoral en enero de 2011. No lo entiendo porque lo que sí tengo claro es que los artículos 23 y 24 de la Constitución tratan de los derechos y deberes fundamentales, sobre todo a la hora de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Así mismo que todas las personas tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Por sufragio universal se entiende el derecho a voto que tiene toda persona adulta, sin importar la raza, sexo, creencia o posición social y económica. Esto fue lo que nos pasó en 1979 a muchos de nosotros en la Transición democrática a la hora de participar en las distintas elecciones. Unos residían en provincias y se presentaban en otras, como hizo Felipe González. Otros residíamos en un municipio y nos presentábamos en otro. Los principios constitucionales estaban por encima de los políticos.

Recordemos que en 1985 se aprobó la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) publicada en el BOE 147 de fecha 20/6/85. En el artículo sexto se señala que son elegibles los españoles mayores de edad, quienes poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad que se citan. La calificación de esta inelegibilidad se contempla en el artículo séptimo de la citada Ley y procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior, el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones. También conocemos la solicitud de varias asociaciones judiciales española, unos 2500 jueces, a la Unión Europea para evitar una posible violación grave del Estado de derecho ante las reformas judiciales. Estos comentarios son una crítica constructiva y una llamada a la reflexión, tal como aconseja el profesor Pérez Sánchez, que van en contra de actitudes y comportamientos que pueden llevarnos a correr algunos riesgos muy delicados como son el desnaturalizar nuestro sistema constitucional. Tengamos mucho cuidado. Esperemos que el Derecho siga siendo Sentido Común. De lo contrario, mal asunto.