La industria farmacéutica ha llevado a cabo un intenso cabildeo en Bruselas para convencer a la Comisión Europea de la inconveniencia de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid-19.
Así lo afirma el Observatorio de la Europa Corporativa, organización no gubernamental que sirgue de cerca los lobbies más activos en la capital comunitaria y ha publicado un largo informe al respecto.
Los gobiernos de la India y Suráfrica solicitaron en la Organización Mundial del Comercio la suspensión de esos derechos para que sus laboratorios pudiesen producir vacunas suficientes con las que proteger a las poblaciones del mundo en desarrollo.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, afirmó al principio de la pandemia que las vacunas que se desarrollasen serían “un bien común universal”.
Sin embargo, denuncia el Observatorio en un informe, tras el cabildeo de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), Bruselas rechazó la petición de los gobiernos de esos dos países emergentes.
“Distintas secciones de la Comisión estuvieron en estrecho contacto con la industria para hablar tanto del suministro de las vacunas como especialmente de los derechos de propiedad intelectual”, señala el informe.
Los cabilderos del sector trataron con funcionarios de la Comisión de cómo garantizar la inclusión de reglas más estrictas sobre derechos de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales que se firmasen con Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Indonesia o China.
Tanto la Efpia como la federación Internacional de esa industria (Ifpma, por sus siglas en inglés) calificaron la solicitud de Pretoria y Nueva Delhi de “medida extrema para un problema no identificado”. Es decir, se negaron a reconocer la existencia de un problema.
Sin embargo, según un informe del Economy Intelligence Unit del pasado enero, un total de 85 países no van a tener en marcha un proceso de vacunación hasta 2023, y cada día que pasa, vemos que la situación pandémica mundial no hace más que agravarse.
El pasado 10 de abril, sólo tres de los cincuenta y tres países africanos habían podido vacunar a un 1 por ciento de su población, por lo que algunos hablan ya de la existencia de un “apartheid vacunal”.
La industria farmacéutica india tiene capacidad para producir hasta 2.400 millones de dosis al año, pero hasta el momento sólo un laboratorio de ese país, el Serum Institute, ha llegado a un acuerdo para fabricar una de las vacunas más exitosas y podría llegar este año a un millón de dosis como máximo.
Veintiún fabricantes de genéricos de todo el mundo se han comprometido a producir vacunas en cuanto obtengan el necesario permiso, pero los grandes laboratorios se han opuesto hasta ahora al “acceso mancomunado de la tecnología contra el Covid-19”, requerido por la Organización Mundial de la Salud.
Según el Observatorio de la Europa Corporativa, el único gran laboratorio que ha llegado a acuerdos con empresas del mundo en desarrollo es la sueco-británica AstraZeneca, que los ha firmado con Indonesia, India y México, además del Japón, pero la producción es en cualquier caso pequeña para las necesidades existentes.
Un 97 por ciento del presupuesto para la investigación y el desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford lo recibió AstraZeneca del sector público mientras que BionTech y Pfizer se beneficiaron de sendas inyecciones públicas de 370 millones, de Alemania, y 2.000 millones, del Gobierno de Washington.
Esos dos laboratorios van a facturar este año hasta 15.000 millones de dólares sólo por la venta de su vacuna mientras que sus beneficios pueden oscilar entre los 4.800, según los cálculos más conservadores, y los 10.000 millones.
De ahí su oposición a compartir con otros tan suculento pastel.
