El primer conflicto urbanístico, al menos el primero del que se tiene noticia documentada, se arregló gracias a la habilidad de un político, Robert Walpole, leal súbdito de Jorge II de Inglaterra. La historia cuenta que la señora del rey Jorge, la reina Carolina –una mujer de armas tomar, sin duda–, quería anexar a su palacio uno de los parques públicos londinenses, para su solaz y privado disfrute. Sabido es que el pueblo británico es celoso guardián de costumbres tan singulares como beber té con nubes de leche a las five o’ clock o permitir a cualquiera poner a caldo pota a los gobernantes, siempre que ese cualquiera se exprese subido en una silla en Hyde Park. Quizá por ello, la decisión de la regia esposa fue rechazada por los habitantes de la City, que acudieron en tropel a pedir la intercesión de algún munícipe para evitar el atropello. Walpole se ofreció a mediar en el conflicto. Se reunió con la reina y le explicó lacónico que la construcción del muro que habría de rodear el parque en cuestión resultaba tan costosa que el Tesoro no poda permitírsela.

–“Y cuanto costará?”, preguntó inquieta la reina.

Y Walpole: –“Tres coronas, majestad””.

Y la reina: –“Pues no es mucho”.

Y Walpole: –“Depende, señora... se trata de las coronas de Inglaterrra, Escocia e Irlanda que portáis en la testa. Yo creo que es un alto precio...”.

Un precio suficientemente alto como para convencer a la reina Carolina de que no edificara jamás el muro. Un precio que el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, aupado a esa magistratura por una rocambolesca censura, parece estar dispuesto a asumir por hacerse con el control de la consejería de ordenación del territorio, tras cesar a cajas destempladas a la vicepresidenta Sandra Domínguez, que la ocupaba. El jardín que aquí se disputa es el del futuro plan Insular de Ordenación. Y van con mucho adelanto en la disputa, porque es improbable que el plan pueda aprobarse en lo que queda de este periodo de mandato. Aunque eso no impide los chismes sobre idas y venidas, matrimonios y divorcios de conveniencia, bolsas entrando y saliendo de despachos, y compromisos incumplidos.

La ruptura (parece que definitiva) de relaciones entre Sandra y Sergio, los dos artífices de la censura contra Blas Acosta, ambos de Asambleas Municipales de Fuerteventura, se produce por la intervención del abogado Manolín Travieso, que dicen es ahora el hombre que le condimenta los guisos a Lloret, tras años de llevarse a matar con él. De los movimientos de Travieso habla todo el mundo, pero nadie le cita por su nombre y apellidos, quizá porque sabe mucho de mucha gente. Travieso fue fundador de AMF, pero en las pasadas elecciones andaba peleado con sus antiguos colegas y montó dos operaciones políticas, el Partido de Fuerteventura, por el que se presentó al Cabildo sin éxito, y una agrupación electoral de Puerto del Rosario, que encabezaba él, y que coló a dos concejales: a él mismo y a José Juan Herrera, el hijo del ex presidente Herrerita, denunciado después a iniciativa de Travieso por presunto acoso sexual contra una trabajadora y compañera de lista.

Así anda el patio en Fuerteventura: con un ordenamiento que no se va a poder aprobar este mandato, pero que ya precipitó la censura contra Blas Acosta y el cese de la consejera que propició esa censura, y que –probablemente– también acabe por costarle algo más que la presidencia a Lloret. O bien por hacerle caso a su nuevo asesor, o bien por no hacérselo… Tres coronas, tres, van a cobrarse por una entelequia que no existe, un plan que no se ha iniciado, que no saldrá, pero por el que –dice algún damnificado- ya han cambiado de dueño algunas bolsas repletas de euros.