El fin del estado de alarma y el verano, con su incidencia sobre la movilidad de unos ciudadanos ansiosos de relajarse, están a la vuelta de la esquina. El escenario era fácil de prever y sin embargo llega la hora de la verdad con la ciudadanía sometida a una ceremonia de la confusión absoluta. No existe otro plan que el de improvisar sobre la marcha a conveniencia del interés político de cada momento. El Gobierno de España vuelve a desentenderse de las medidas sanitarias. Las autonomías caminan dando tumbos cada una por su cuenta. El desabastecimiento de vacunas desnuda otra vez la incapacidad de los gobernantes españoles y europeos. Sobre los fondos de la UE –la inmunización económica– nadie sabe todavía, a semanas de enviarlos a Bruselas, sobre qué proyectos transformadores concretos descansan.

Parecía que ese otro virus que nos invade, el de la demagogia y el electoralismo, iba a mantenerse a raya por un tiempo tras los comicios catalanes; pero no. Sobrevino la cita inesperada con las urnas madrileñas para paralizar de nuevo al país, mediatizar todas las decisiones y confundir lo accesorio con lo primordial relegando el verdadero objetivo de la batalla: culminar la lucha contra el coronavirus e impulsar a toda velocidad la recuperación. Tomando a los electores por idiotas, un mismo político les comenta una cosa y la contraria en cuestión de días y sin abochornarse, según la táctica que requieran las circunstancias para alancear a su oponente, nunca para que la nación progrese.

Soportamos un largo estado de alarma porque era imprescindible, decían, para proporcionar cobertura legal a las prohibiciones. Hoy, sin cambio jurídico alguno porque olvidaron desarrollarlo, los dirigentes afirman que existen instrumentos para restringir derechos sin aprobar medidas excepcionales. Quien intente buscar coherencia a esta disparidad acabará atolondrado porque, para colmo, los que antes defendían el puesto de mando centralizado, hoy lo aborrecen. E, intercambiando sus papeles, los que entonces denostaban la concentración de poder, ahora la exigen. Así las cosas, reina el caos.

Sobre la otra emergencia, la económica, los fondos europeos tuvieron esta semana la enésima puesta en escena estelar. El esbozo de partidas deja en el aire cuál es la apuesta del Estado y de la Comunidad Autónoma para Canarias. A vueltas con la modernización del turismo, algo en lo que el Archipiélago lleva embarcado desde hace una década, y coche eléctrico y rehabilitación de viviendas. ¿No había que cambiar de modelo productivo tras la crisis del ladrillo y el cero turístico? Las expectativas por lo pronto quedan muy limitadas. ¿Se sabe algo de investigación, ciencia o tecnología aplicada?

En este contexto, el presidente de la nación acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de falsear las estadísticas de propagación del covid simplemente porque ambos combaten cuerpo a cuerpo en campaña. No hace mucho eran los compañeros de partido de la líder madrileña quienes hacían lo propio con los números que presentaba el Ejecutivo nacional en el fragor de la plaga. La mentira se ha instalado sin pudor en las tribunas y, aún peor, la sociedad empieza a desentenderse o a asumirlo como normal. Un candidato afirma por activa y por pasiva que no subirá los impuestos mientras su propio jefe asegura que quiere “amoldarlos” en toda España. Un eufemismo de la inminente avalancha general de incrementos que prepara.

Solo un iluso cree que la riada de dinero prestado que las administraciones están desembolsando saldrá gratis. En algún momento habrá que devolverlo, y a cambio de condiciones para cuadrar de nuevo las cuentas que ya se están negociando en secreto. Antes de explorar la invención de tributos para asumir las consecuencias del desastre, conviene revisar otras políticas que no asfixien precipitadamente la recuperación. La contratación de personal de las administraciones, en Canarias también, crece descontrolada, hasta el punto de evitar en estos momentos el desplome de la Seguridad Social. Costear aparatos burocráticos que torpedean la tramitación de licencias o en los que un alto cargo se niega a trabajar a 20 kilómetros de su casa sin que nada ocurra supone tomar el pelo al contribuyente. Que las bolsas de fraude permanezcan indemnes mientras se estruja a los de siempre, la clase media, es un solemne despropósito.

Este es un instante crucial para modernizar de verdad la región, y el país, o hundirla definitivamente en el atraso y el clientelismo si seguimos enviando dinero sin control por el desagüe de la inutilidad y el dispendio. No podemos pagar esta desgracia, además de en muertos, con una montaña inabordable de deuda, una retahíla de impuestos abusivos y un monstruoso desempleo. La buena noticia es que, afrontando en serio las reformas estructurales siempre dilatadas e invirtiendo los recursos con tino, la esperanza de un rápido despegue sigue intacta. ¿A qué esperan quienes mandan?