La situación económica y social que padecemos en Canarias y España se basa en la ausencia de confianza y oportunidad de proyectos, donde se ven comprometidos la economía y el empleo.
La inmigración se ha convertido en un problema descontrolado que daña la imagen de Canarias y de la propia Europa, así como amenaza la sensación de seguridad necesaria para la convivencia y el marco estable para inversiones y desarrollo empresarial.
Los coletazos del COVID, lejos de atenuarse, aportan intranquilidad por el comportamiento público privado, que no dan con las teclas necesarias, ni el compromiso suficiente, para evitar los contagios mientras siga retrasándose la vacunación o la comercialización de un fármaco eficaz, e incluso la creación de nuevas plazas hospitalarias que eviten el colapso de las UCIs y el retraso en el tratamiento del resto de enfermedades con tratamiento quirúrgico.
En cuanto a las ayudas, tanto europeas, como nacionales o autonómicas, no llegan con la celeridad necesaria a quien las necesita, con el agravante de que las reservas empresariales de los incentivos fiscales del R.E.F. se ven dañados por la incertidumbre y la ausencia de actividad, arruinando la política anticíclica para invertir los excedentes empresariales de las épocas de bonanza en los periodos de crisis.
A todo esto, debemos añadir la ausencia de simplificación administrativa, los problemas de conectividad tanto de personas como mercancías y el desplome de la inversión pública.
En cualquier caso, todas estas soluciones deben tener un plazo muy corto, pues si bien el turismo de invierno no podemos perderlo, por el bien del empleo, la recaudación, el sostenimiento del estado del bienestar y los recursos empresariales, sería de gran ayuda que la recuperación de todos los sectores la empezáramos a disfrutar antes de la campaña del verano.
Mejor en junio que en septiembre.
