La pandemia ha provocado la peor crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial y Europa es el área más afectada, por sufrir el confinamiento más severo y por el mayor peso de las exportaciones. En España, sumamos un grave impacto sobre el turismo, que ha registrado varios meses de ingresos nulos y su economía productiva ha sido la más afectada entre los países de la OCDE, con una reducción drástica de su PIB. Al desplomarse la renta de las empresas, estas han entrado en pérdidas, con serios problemas de liquidez y con expectativas empresariales lastradas por una realidad marcada por la incertidumbre y los rebrotes.

La repercusión del parón económico en la destrucción de empleo se hace evidente en los datos de paro registrado por el SEPE. La demanda de trabajo depende tanto del número de empresas como de sus condiciones de solvencia, liquidez y rentabilidad. Así en el escenario más optimista, el nivel de empleo de 2019 solo podrá alcanzarse en el verano de 2023.

Además los ingresos públicos descendieron notablemente en 2020. Si el gobierno hubiese recortado los gastos en la misma proporción para no tener déficit, la caída del empleo y del PIB habría sido descomunal. Un 35% de los ocupados han recibido rentas del gobierno vía ERTEs o por cese de actividad de autónomos. Sin esas medidas la tasa de paro, especialmente en Canarias, habría superado ya ampliamente el 30%.

Fuera de la UE, España no podría pagar los ERTEs y miles de empresas y millones de trabajadores habrían perdido su empleo. Por tanto es de agradecer que la reacción europea haya sido muy diferente a la crisis del euro, y que la UE haya aprobado un plan de reconstrucción que aumentará el presupuesto comunitario en 750.000 millones de euros.

La actual crisis ha sido mucho más brusca e intensa que las anteriores pero también la recuperación económica puede ser mucho más rápida si se toman las decisiones adecuadas. Cuando se alcance el objetivo de vacunación y de inmunidad de grupo se podrán reducir las restricciones de movilidad y de esta forma la actividad económica y el empleo se impulsará en muchos sectores.

Quizás Canarias sufrirá más por nuestra dependencia del desarrollo turístico, que esta estrechamente vinculado a la movilidad internacional y a la necesaria interacción entre países que, como hemos comprobado es compleja y difícil de articular. Por tanto no es recomendable minimizar la gravedad de la crisis actual y la delicada situación que atraviesa al menos una quinta parte de las empresas españolas, pero sí es conveniente comprender las diferencias con la crisis anterior para tener un diagnóstico correcto y, sobre todo, para tomar las medidas adecuadas

La vacunación debe ser el principal plan de estímulo y recuperación económica, porque de su éxito dependerá nuestro presente y futuro económico y social. A esto hay que añadir como dato positivo los planes aprobados en EEUU por la Administración Biden que pueden posibilitara un crecimiento de la actividad económica a nivel internacional y del empleo. Pero es una muy mala noticia el retraso de los fondos europeos cuyo impacto no se notará al menos hasta bien entrado el 2022. Las administraciones públicas deben estar a la altura del reto y deben hacer todo lo posible para agilizar cuanto antes las ayudas aprobadas a empresas y autónomos que no pueden encontrarse con los mismos obstáculos burocráticos que hemos visto en la deficiente gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Ante esta depresión socieconómica provocada por la pandemia, se precisan políticas públicas de empleo potentes que reduzcan la incertidumbre a través de los siguientes ejes de actuación:

•Modernizar el tejido productivo y el funcionamiento de las administraciones públicas.

•Reducir las brechas sociales, digitales y de género en el empleo.

•Promover mejores condiciones de trabajo: empleo seguro y salarios justos.

•Impulsar la protección e inclusión social: sanidad; cuidados de larga duración; vivienda y acceso a los servicios esenciales.

•Fomento de la economía verde.

•Educación, formación y aprendizaje permanente.

•Diálogo social y participación de los trabajadores.

A pesar de los prejuicios ideológicos, actualmente pocos agentes políticos y sociales se atreven a cuestionar la necesidad de una potente protección al desempleo, la extensión de los ERTEs o los avales del ICO para que las empresas accedan al crédito. Así las medidas propuestas hace décadas por Keynes son hoy el paradigma en Europa.

La necesidad de las políticas públicas de empleo se justifican ademas por su amplia repercusión en la población, pues solo en 2019 participaron en España en las acciones de formación profesional para el empleo 4.776.684 personas. Por eso las estrategias pasan por aprovechar adecuadamente los recursos formativos públicos y privados, con mejor adaptación y atención a las innovaciones tecnológicas, y a las trayectorias laborales de los individuos; cultivando la cultura negociadora, y entendiendo la formación como un compromiso social y empresarial.

España por desgracia es uno de los países de la UE que destina un menor gasto a políticas de empleo en relación con su PIB, distribuyéndose de una forma muy desigual, con el 85% de los recursos destinados a las políticas pasivas (protección al desempleo) y solo el 15% a las políticas activas, con insuficientes recursos humanos para la orientación e intermediación laboral.

En la última Encuesta de Condiciones de Vida se refleja que el 55% de la población declara tener dificultades para llegar a fin de mes, y un 36% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. Con la pandemia se ha incrementado la pobreza y la marginación social, exigiendo implementar con urgencia una política expansiva o Green Deal para apoyar la recuperación del empleo y desarrollar una ambiciosa política industrial y tecnológica que reduzca el retraso europeo con respecto a EEUU y China.

Estas políticas públicas de empleo deben dar respuestas solventes al profundo deterioro de las condiciones de vida, teniendo en cuenta el alto número de actividades económicas en crisis (construcción, turismo, hostelería, servicios, etc) y la creciente vulnerabilidad colectiva que se manifiesta en progresiva precariedad laboral, salarios bajos y escasos derechos sociales. Es el momento de ponernos en la tarea y para lograrlo las administraciones públicas deben actuar con más diligencia, inteligencia y eficacia.